A mediados de abril, el juez Pablo Oritja, del Noveno Civil, sacó una medida cautelar en la que dispuso que la Obra Social Provincia (OSP) cubra en su totalidad el costo de un Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI) para cada uno de los 56 chicos, con algún tipo de discapacidad, que encararon el reclamo a través de sus padres. Sin embargo, a dos meses de la resolución, la entidad se resiste a brindar el servicio y no ha dado una solución, destacó la abogada de las familias, Claudia Sarmiento, al punto de que indicó que presentó en el Juzgado una intimación para que se cumpla con el fallo. No obstante, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, explicó que la sentencia no individualiza a quién se le tenía que otorgar el beneficio. Por otro lado, la profesional informó que la semana pasada salió otra cautelar del Cuarto Civil, a cargo de Humberto Conti, que concedió el mismo régimen para 44 estudiantes. De esa manera, ya son tres las resoluciones que otorgan el servicio, dado que la que había hecho punta fue la de la Corte de Justicia en el caso de un adolescente (Ver recuadro).
La cautelar que salió a la luz en abril fue apelada y, si bien tal embestida no suspende su aplicación, el fiscal de Estado resaltó que no pueden cumplirla porque no se individualiza, con DNI, a quién se le tiene que conceder. Por eso, Alvo indicó que esperarán la definición de la apelación de la cautelar o del amparo, la llamada cuestión de fondo. Por su parte, Sarmiento manifestó que han presentado documentación y una intimación para que la cobertura de los DAI se convierta en efectiva.
La decisión judicial era clave para las familias con chicos con algún tipo de discapacidad, ya que el módulo de un docente integrador hoy está por arriba de los 40 mil pesos, mientras que el Ministerio de Desarrollo Humano subsidia 26 mil pesos. Así, el resto deben afrontarlo los padres y madres de los menores, quienes, a su vez, necesitan de otros tratamientos, rehabilitaciones y gastos médicos, había explicado María Eugenia Rivero, referente del grupo Por Nuestros Hijos, que padecen trastornos por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
En su momento, el interventor de la obra social más grande de la provincia, Miguel Grecco, había señalado en Radio Sarmiento que "los docentes auxiliares son un soporte desde el punto de vista educativo. Nosotros otorgamos todas las coberturas vinculadas a la salud. Por eso, se está trabajando para que la solución se dé a través del Ministerio de Educación, que es quien tiene que determinar qué alumno necesita un docente de apoyo y cuál no". Desde la Secretaría de la cartera educativa, Ana Cristina Sánchez, había resaltado en la misma emisora que estaban trabajando para hacerse cargo de los DAI, en una tarea integral.
Como no ha habido cobertura completa, salvo el subsidio parcial del Ministerio de Desarrollo Humano, otro grupo de padres y madres presentó un nuevo amparo colectivo. El planteo ingresó al Cuarto Civil, en el que el juez Conti fue por el mismo camino: hacerle lugar a la cautelar, antes de resolver la cuestión de fondo, y que la OSP conceda el servicio total de los docentes de apoyo para 44 chicos de primario y secundario, señaló Sarmiento.
Se trata de familias que no habían entrado en el primer grupo. Muchos de los padres y madres que atraviesan la problemática habían sido recibidas por el diputado provincial Enzo Cornejo, del Pro, quien les acercó y les brindó contacto con profesionales.
En conjunto
En el Gobierno señalan que vienen trabajando entre el Ministerio de Salud, el de Educación y el de Desarrollo Humano para dar una respuesta al tema del Docente de Apoyo para la Inclusión (DAI). Por el momento, la última cartera subsidia parte de lo que gana el docente auxiliar.
Alcance
La primera cautelar benefició a 56 chicos. Sin embargo, el fiscal de Estado señaló que la resolución no individualiza a quién le corresponde el beneficio. La semana pasada salió otro fallo que brinda cobertura total de DAI a 44 jóvenes más que presentaron un amparo.
El fallo de la Corte
La Corte de Justicia dispuso que la Obra Social Provincia (OSP) le brinde un Docente de Apoyo para la Inclusión (DAI) a un chico de 13 años en el cursado del secundario. La entidad se había negado en base a que, al ser una entidad autárquica, no le aplica la ley nacional de Discapacidad, que sí brinda la cobertura del docente auxiliar. No obstante, la ministra Adriana García Nieto, en el fundamento de su voto, había resaltado que es "inaudible" que la OSP haya indicado que "normas convencionales y constitucionales", que sí obligan a dar una cobertura integral a favor de personas con discapacidad, incluida un DAI, no son aplicables a la obra social porque es autárquica. De esa manera, le remarcó que "los tratados internacionales con jerarquía constitucional integran la Constitución y son ley aplicable a todos los habitantes e instituciones estaduales de este país". A lo que agregó que la OSP "es una entidad autárquica y descentralizada bajo el control del Poder Ejecutivo", por lo que "debe ajustar sus actos a las normas legales y reglamentos vigentes aplicables a organismos estatales". La sentencia contó con el voto a favor de Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima. Si bien el fallo fue de un caso en particular, sienta un precedente para el resto de las causas que lleguen a la Corte.