Sobre sus espaldas pesa una denuncia por retener expedientes de ejecuciones fiscales y dejar prescribir 855 de ellos, lo que le significó un perjuicio económico a la provincia de casi 1,5 millones de pesos de capital histórico sin intereses. Ahora, la abogada Dora Monasterio sumó una nueva acusación: la desaparición de otras 300 causas. La presentación la hicieron los representantes de Fiscalía de Estado (la mujer se desempeñaba en dicho organismo antes de jubilarse), quienes le solicitaron al juez del Quinto de Instrucción, Benedicto Correa, que la indague. Pese a que la primera denuncia se efectuó en diciembre de 2016, el magistrado aún no interroga a Monasterio, aunque fuentes calificadas señalaron que lo haría en el transcurso de este mes.
La ampliación de la acusación contra la exabogada de Fiscalía se realizó el jueves de la semana pasada. Según las fuentes, los nuevos 300 expedientes que no aparecen fueron asignados en su momento a Monasterio para que lleve adelante los juicios de ejecuciones fiscales (cobro de deudas por impuestos provinciales). Como las causas debieron ser reasignadas a otro profesional tras su partida, las mismas no se encuentran ni en los juzgados ni en Fiscalía de Estado. De hecho, tampoco estaban en poder de la abogada cuando el personal del Tribunal que la investiga le allanó su oficina particular y le secuestró alrededor de 1.300 expedientes, según habían manifestado las fuentes.
La primera denuncia contra Monasterio fue a fines de 2016. Aún no la indagan.
De acuerdo a un análisis patrimonial que realizó el equipo de Fiscalía de Estado, 855 causas de Monasterio habían prescripto, por lo que el Estado perdió la posibilidad de cobrar 1,5 millones de pesos sin intereses. Ahora, deben determinar si se acumula otro perjuicio patrimonial con los nuevos 300 expedientes, ya que no se saben en qué estado se encuentran. De hecho, está el riesgo de que se haya perdido la posibilidad de cobrar aun cuando haya sentencia para llevar a cabo la ejecución de los créditos fiscales.
Monasterio fue denunciada primero por retención indebida de documentos y luego, por fraude contra el Estado. La mujer se jubiló de Fiscalía en 2013.