Los accionistas de la empresa Vicentin SAIC aseguraron este domingo que la intervención de la empresa en concurso de acreedores a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo es "injusta, arbitraria e ilegal".
En esa línea, manifestaron que la decisión del gobierno nacional "inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado y deja como única opción, la estatización de la empresa".
A través de una solicitada dirigida "a la Opinión Pública", los accionistas de la empresa Vicentin manifestaron haber sido "sorprendidos" por la intervención anunciada por el presidente Alberto Fernández el pasado lunes 8 de junio.
"Luego de 90 años de una trayectoria intachable (…), hemos tenido que enfrentar recientemente una situación financiera crítica que derivó en la necesidad de presentarnos en el mes de febrero, en un Concurso de Acreedores", aseguraron los accionistas.
En ese marco, manifestaron que la empresa actuó "ajustada a derecho" y cumpliendo con "cada una de las etapas contempladas dentro de dicho procedimiento" mientras evaluaban "diferentes alternativas y ofrecimientos de distintos grupos empresarios tendientes a alcanzar una solución".
"El pasado lunes 8 de junio -afirmaron- hemos sido sorprendidos por una decisión del gobierno argentino que entendemos injusta, arbitraria e ilegal. Una decisión, que avasalla y atenta contra los derechos de la propiedad privada y le niega a una empresa argentina de larga y destacada trayectoria, el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé para dicho fin que es en el ámbito concursal".
Según los firmantes, "la intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el actual gobierno en cabeza del presidente Alberto Fernández, viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática".
Por último, dijeron confiar en que "las autoridades competentes recapaciten o intervengan oportunamente para reestablecer el estado de derecho y garantizar a quienes hemos invertido por décadas en nuestro país, que estamos amparados por sus leyes y no expuestos a decisiones arbitrarias carentes de fundamentos y de legalidad".