Un ejecutivo de una conocida empresa de grúas y uno de sus amigos podrán evitar el juicio en su contra (están sospechados de robar un módulo habitacional del Estado donde vivía un hombre ya fallecido), si pagan $2.200.000 como forma de reparar el daño y cumplen con tareas comunitarias, además de otras obligaciones. Esos son los puntos sobresalientes de la aplicación del beneficio de la probation, que acordaron ayer el integrante de la empresa ‘Grúas Bilia’, Daniel Giner, y su amigo Jorge Osvaldo Castro, con el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Adrián Elizondo y Agostina Ventimiglia (UFI de Delitos Especiales). Si cumplen con esas obligaciones y otras reglas de conducta, la causa en su contra concluirá y en su planilla prontuarial no les quedará antecedente.
Ambos quedaron en el ojo de la tormenta el día que un sobrino del fallecido, fotografió el camión con grúa que llegó hasta el predio familiar de la calle San Martín, en Zonda, para llevárselo. En ese monoambiente similar a un contenedor (con dormitorio, cocina, baño, tanque de agua y termotanque), vivía Alberto Poblete desde el 1 de octubre de 2015, luego de que se lo cediera el Ministerio de Desarrollo Humano, con la obligación de no venderlo ni donarlo.
El 1 de junio de 2019 Poblete falleció, y las llaves de ese monoambiente quedaron en poder de su hermana, la madre del hombre que vio el camión llevarse ese módulo el 1 de septiembre pasado. El 5 de septiembre fue hasta el Centro Cívico a preguntar porqué habían hecho eso.
En el acto supo que el módulo no fue sacado por una decisión oficial. Y que lo habían robado, porque para poder llevárselo fue necesario cortar primero los tornillos que lo sujetaban a una plataforma de cemento.
La investigación encarada entonces por la UFI que dirige Micheltorena, descubrió entonces que un sobrino político del fallecido, Jorge Osvaldo Castro, había sido quien cortó los tornillos, destruyó una construcción que Poblete le había anexado. Y dejó todo listo para que Giner, sindicado como su amigo, llegara con un camión y se llevara el módulo hasta un predio que ‘Grúas Bilia’ posee en Centenario y Ruta 40, Chimbas.
Castro y Giner fueron detenidos el miércoles pasado. Y ayer quedaron imputados como presuntos autores de un robo en perjuicio de la Administración Pública. Pero entonces, a través de sus abogados Mario Padilla y Fernando Bonomo, acordaron pagar más de 2 millones y tareas comunitarias para zafar del juicio.
Giner ofreció 2 millones. Unos $100.000 para el Estado y $1.900.000 con dos destinos: $950.000 para que la OMA (Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial) los destine a distintos merenderos. Y otros $950.000 para la Asociación Civil Guerreros por la Vida, entidad de ayuda para los niños con enfermedades terminales.
Además, Giner ofreció trabajos comunitarios una vez por semana (los sábados) en el hospital Rawson durante 3 meses, y llevar el contenedor gratis donde le diga el Ministerio de Desarrollo Humano.
Castro por su parte ofreció $200.000 en cuatro cuotas, dos para el Estado, una para la OMA y otra para la entidad de ayuda a los menores enfermos. También, trabajos comunitarios una vez por semana (cuatro horas por vez) durante 3 meses en el municipio de Rivadavia.
Los abogados Gabriel Sanz y José Fraifer (por Fiscalía de Estado, Parte Querellante) convalidaron esa salida al proceso y ayer mismo la jueza Celia Maldonado, aplicó la probation para concluir el sonado caso.