Después de un fin de semana recargado con anuncios de denuncias y contradenuncias, y las consultas obligadas en el oficialismo por el eventual impacto en el ánimo social de la desobediencia, finalmente, Alberto Fernández acató el fallo de la Corte Suprema de Justicia y le restituirá parte de los fondos recortados en 2020 a la Ciudad. Pero no todo será color de rosa para el Gobierno porteño: el plan de pago anunciado por el Presidente, al menos por 90 días, será con un bono del Tesoro que vence en 2031 y que ya fue rechazado por el Jefe de Gobierno porteño.
Horacio Rodríguez Larreta ya presentó un escrito ante la Corte Suprema para informar sobre ‘el incumplimiento’ del Gobierno nacional del fallo que ordenó restituir el 2,95% de los fondos coparticipables. Al mismo tiempo, rechazó el pago en bonos anticipado por Casa Rosada, al considerar que los recursos ‘no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento’.
Tras su negativa inicial a cumplir con el fallo de la Corte Suprema, Alberto Fernández volvió sobre sus pasos y anunció que pagará con bonos del Tesoro a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables, pero no se baja de la pelea judicial: el Presidente ratificó que presentará un pedido de revocatoria de la resolución y recusará a los miembros del alto tribunal.
El jefe de Estado instruyó a la Jefatura de Gabinete para que ‘reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA’ y anticipó que ‘se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos’. ‘Dicha transferencia -refirió Fernández- comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o de una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes’.
Sobre este punto, indicó que los bonos consignados ‘ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe’ y añadió que, ‘siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda’.
La Corte Suprema dispuso el 21 de diciembre que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables (un 0,63% más), en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el costo del traspaso de la Policía Federal.
Si bien se trata de una decisión sobre una medida cautelar pedida por el jefe de Gobierno porteño y no una decisión sobre la cuestión de fondo, el fallo de la Corte instruye que los pagos se hicieran ‘en forma y automática’. En ese sentido, Fernández reveló hoy que, pese a que esa medida ‘viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente’, el Gobierno cumplirá lo dispuesto y, para ello, ‘se utilizarán bonos TX31’.
El conflicto Nación-Ciudad surgió en 2016 cuando el expresidente Mauricio Macri subió la participación porteña en los impuestos coparticipables del 1,40 al 3,75% por el traslado al ámbito porteño de la Policía Federal que hasta entonces estaba bajo órbita del Estado nacional. Nación ya venía depositando un monto de 2,32% a CABA y si bien el 2,95% otorgado por la Corte Suprema es mucho menos que el 3,75% que el expresidente Mauricio Macri le había dado a la Ciudad, está por debajo del 3,5 que pedía la administración de Rodríguez Larreta.
Según cálculos de la Nación, necesitará $110.000 millones extras para cumplir con la restitución en 2023.
Sin juicio político
El bloque de diputados de la UCR decidió no presentar el pedido de juicio político contra Alberto Fernández luego de que el Presidente decidiera dar marcha atrás en su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó restituir fondos coparticipables a la CABA.
- Proyecto de ley en busca de fondos
El Presidente reveló que instruyó al Procurador del Tesoro para "presentar un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial de la Corte, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta". Además ordenó recusar a los jueces del máximo tribunal. Paralelamente, el Presidente instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley -para tratar en "sesiones extraordinarias"- que "prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982 en su artículo 22". "Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce". Apuntan a un impuesto al juego y otro a las Leliq.