El presidente Alberto Fernández anunció, en la apertura de la Asamblea Legislativa, que dentro de los próximos diez días presentará "un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo". Inmediatamente después, proclamó que enviará al Congreso el "plan de los mil días", iniciativa surgida en 2017, en San Juan, por decisión del gobierno de Sergio Uñac.

El programa, según explicó, es “para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida”.

De manera que se pueda “reducir significativamente las tasas de mortalidad y desnutrición, proteger los vínculos tempranos, el neuro desarrollo y la salud de madres e hijos de manera integral”.

Desde hacía tiempo, en la primera visita de Fernández a San Juan, el presidente dijo en conferencia de prensa que se proponía emular el plan provincial, debido a los buenos resultados que presentaba. Por otro lado, la Asamblea Legislativa escuchó los nuevos lineamientos respecto del aborto. "Una ley que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando tomen la decisión de abortar", sentenció.

En este sentido, remarcó: "En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos". Y cuestionó: "La legislación vigente en materia de aborto no es efectiva". "El problema de Argentina es que todo aborto es clandestino. Yo no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer, que tal vez necesite practicar un aborto, no tiene las condiciones económicas necesarias para pagar ese tratamiento y termine en manos de un curandero, que la acaba lastimando y a veces matando", dijo Fernández.

La iniciativa oficial la diseñaron de manera conjunta los ministerios de Salud, a cargo de Ginés Gonzáles García; el de Mujeres, Géneros y Diversidad, que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, y el de Desarrollo Social que lidera Daniel Arroyo. Desde las asociaciones feministas y otras agrupaciones a favor del aborto criticaron que el proyecto del Gobierno recoja la posibilidad de que los centros de salud privados y sus profesionales puedan justificar su negativa a practicar interrupciones del embarazo alegando objeción de conciencia.