En sintonía con las urgencias judiciales de Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández firmó finalmente ayer un decreto para intentar reponer en su cargo a la exjueza Ana Figueroa echada por la Corte Suprema de Justicia tras cumplir 75 años.
Luego de que el Frente de Todos consiguiera los votos en el Senado para que la magistrada siguiera cinco años más en su cargo, el Presidente completó así el camino constitucional para ratificar la decisión y quedará completado hoy este trámite cuando se publique el decreto en el Boletín Oficial.
La magistrada había sido dejada cesante el 7 de septiembre porque cumplió 75 años. El decreto aumenta la tensión con el máximo tribunal.
La Vicepresidenta peleó a capa y espada para conseguir el quorum en el Senado que le dio un acuerdo por 5 años más a Figueroa en la poderosa Cámara Federal de Casación Penal. Sucede que Figueroa había cumplido 75 años el 9 de agosto y no tenía en ese momento acuerdo del Senado para seguir 5 años más, tal como establece el artículo 99 de la Constitución.
La demora abrió suspicacias y rumores en los tribunales y en el Congreso. El nombramiento lo hizo a través del decreto 502 junto a la firma del ministro de Justicia, Martín Soria, y del jefe de gabinete, Agustín Rossi. Y así los tres se exponen a juicios penales por desobedecer un fallo de la Corte.
El decreto abrirá un conflicto de poderes impulsado por Cristina Kirchner, quien ya tiene una condena a 6 años por la causa Vialidad y tres juicios orales en marcha: Cuadernos de las Coimas, Pacto con Irán, Los Sauces y Hotesur.
Se especula que la jueza terminará siendo otra vez rechazada, como comentó el senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, pero le sirve para argumentar en las causas por el Pacto con Irán y Hotesur.
Otra explicación sería que en 2017, el ministro de Justicia Germán Garavano promulgó un decreto en el que estableció que los jueces que cumplían 75 años si no tenían antes un nuevo acuerdo del Senado por 5 años cesaban automáticamente. Entonces, el ministro de Justicia debería primero haber derogado ese reglamento antes de pedirle al Presidente que firme y promulgue este decreto.
De hacerlo sin derogar ese reglamento, Soria quedaría expuesto a un juicio penal por no cumplir con los reglamentos de su propia cartera. Y una tercera, es que los que firmen el decreto se expondrían a ser denunciados por no acatar un fallo de la Corte que ya la cesanteó a Figueroa el 6 de septiembre pasado.
El constitucionalista Félix Lonigro explicó que tras la firma del decreto "tanto el acuerdo del Senado como esta designación son extemporáneo, y como tales, nulos por contrariar la interpretación que la Corte hizo del art. 99 Inc 4 de la Constitución". "Y la Constitución es su letra, así como también lo que los jueces interpretan acerca de sus postulados", subrayó.