Tal como anticipó la ministra de Trabajo la semana pasada, y en medio del creciente caos en la provincia norteña, sitiada por las violentas protestas, el presidente Alberto Fernández anunció ayer la decisión del Gobierno nacional de recurrir a la justicia para que declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Carta Magna en Jujuy.
Después de pedir al gobernador Gerardo Morales que quite la reforma de la Constitución provincial que limita las protestas y cortes de rutas en Jujuy, el Presidente confirmó que instruyó al Ministerio de Justicia para que "analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma" de Constitución provincial de Jujuy que ayer fue promulgada.
Desde la Sala de Conferencias de Casa Rosada, Fernández le reclamó a Morales que "no utilice al pueblo" de Jujuy como "banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante". Además, lo instó "de forma definitiva" a "cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos", al advertir que "es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal" en esa provincia.
Fernández reiteró el pedido para que el mandatario jujeño "convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas".
"Cuenta conmigo personalmente y con apoyo del Gobierno nacional", subrayó el jefe de Estado.
Remarcó que "los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática", a tal punto que "ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos".
En ese sentido, citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que "se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy".
Sobre la carta de las Naciones Unidas resaltó que "la Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo".
"Respetamos el federalismo y la autonomía de las provincias, pero de no cesar los hechos de represión iniciaré las acciones judiciales y legislativas necesarias para garantizar los derechos humanos en la provincia de Jujuy", alertó el mandatario.
Para Fernández, "negar el derecho a la protesta, es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas". "Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad", refirió. Y concluyó: "Sepa el pueblo jujeño, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el Gobierno nacional. Con todos y cada uno de nosotros que estamos comprometidos con la libertad con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra".
Ayer, la CGT se declaró en estado de alerta por la "represión" en Jujuy y la liga de gobernadores del PJ repudió la "violencia ejercida por el gobierno de Morales".
Marcha en el Obelisco
Con dos marchas, una desde el Obelisco a la Casa de Jujuy y otra a Plaza de Mayo, organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos expresaban ayer su repudio en la ciudad de Buenos Aires a la violenta represión ocurrida el martes en la provincia de Jujuy.