La semana pasada la Asociación de Viñateros Independientes y la Federación de Viñateros de San Juan rechazaron a través de un comunicado “el pedido realizado al INV por varias entidades vitivinícolas que representan a los grandes industriales de Mendoza para que flexibilice el control del agua exógena incorporada al vino en un intento de modificar la legislación para lograr que se parezca a la normativa chilena”.
Sostienen las entidades que ‘demostramos que, a pesar que las dos últimas cosechas fueron bajas, aún sobra vino y sólo en algunas variedades de uva el productor tuvo rentabilidad. Además, la importación se ve favorecida por una paridad cambiaria totalmente desfavorable para nuestro sector debido a los altos costos internos y también porque al vino producido en Chile se le permite legalmente incorporar hasta un 7% de agua‘.
También señala el comunicado que ‘las grandes corporaciones están logrando el objetivo de contener la suba en los precios del vino y de la uva de la próxima cosecha para que el productor no tenga rentabilidad y en las últimas semanas han bajado los valores en el mercado de traslado‘.
La noticia del agua en el vino chileno trajo revuelo mediático en la Argentina. ¿La legislación chilena lo permite? Si. La legislación chilena establece un marco para el uso de agua en la producción de vino. Solo se permite con la finalidad de disolver aditivos y productos enológicos, así como hidratar levadura de fermentación y en el lavado de maquinarias y equipos de molienda. El máximo de agua exógena en un vino no puede superar el 7%. La posibilidad de agregar agua directamente al vino está prohibida.
En la Argentina la legislación directamente lo impide. Hay estrictos controles desde el INV con aparatos de última tecnología que detectan el agregado de agua exógena a través de una relación isotópica del oxígeno que contiene la molécula. La planta de vid absorbe agua de riego por sus raíces y esa agua se distribuye hasta los racimos. Esa agua se llama ‘vegetal‘ . El agua de la red o de un pozo es totalmente diferente en esa relación de oxigeno y esa agua se llama ‘exógena,‘ no derivada de un proceso biológico. Esto lo detectan hoy los aparatos de laboratorio: si en un vino hay o no agua agregada.
Vale la pena recordar una noticia publicada por el periodista Eduardo Moraga en Revista El Campo de El Mercurio titulada ‘Inédita alianza viñatera contra fraudes por el agua en el vino‘.
Señala la noticia que los embotelladores y los productores de uva dejaron atrás una historia de desencuentros y se unieron contra un enemigo en común: los elaboradores que vulneran los límites máximos sobre uso de agua en el vino. Ya se han reunido con el Servicio Agrícola Ganadero (SAG). Pretenden aumentar los recursos para fiscalización y endurecer las multas.
Fueron tres reuniones. La primera, hace un año, la segunda, en marzo y la última en septiembre. Todas realizadas con discreción. Es que ambos actores representan a sectores que han tenido relaciones tensas. Por un lado, Vinos de Chile, que agrupa a las empresas elaboradoras de vino; por el otro, la Asociación de Productores de Uva y Vino con Denominación de Origen, es decir los agricultores.
Quejas por el bajo precio por la uva vinífera han agriado las relaciones entre ambos sectores económicos. Sin embargo, los últimos doce meses han servido para descongelarlas. Aunque persisten discrepancias, encontraron un elemento común, o mejor dicho, un enemigo común: los elaboradores de vino que sobrepasan el nivel de adición de agua que permite la legislación chilena.
‘Nos molesta que haya gente que quiera ‘alargar‘ el vino. Sin duda, variables como esa perjudican el precio de nuestra uva, explica Roberto Quijada, presidente de la Asociación de Productores de Uva y Vino con Denominación de Origen‘.
Mario Pablo Silva, presidente de Vinos de Chile, afirma que las viñas también son perjudicadas.
‘Trabajo todo el año en Vinos de Chile, ad honorem, para subir la imagen del vino chileno y así aumentar el precio promedio al que vendemos. Invertimos US$ 7,5 millones al año en promoción. Nos interesa que todo el vino chileno sea de óptima calidad‘, advierte Silva.
Sin embargo, el diagnóstico de los agricultores respeto de la legislación es negativo.
En tanto, Mario Pablo Silva matiza la mirada de los productores.
‘En general, se están haciendo las cosas muy bien. En Chile tenemos una legislación más estricta que otros países. Eso sí, tenemos que anticiparnos ante posibles problemas. Hay un grupo que no está regulado por nadie‘ afirma.
Silva agrega que el perfil corresponde a personas que, junto con no tener escrúpulos comerciales, realizan una participación esporádica en el negocio como forma de ‘hacer una pasada‘.
Sin embargo, su acción puede ser muy negativa para la industria chilena.
-Si le mete agua al vino, lo manda afuera, por ejemplo a Alemania -un país tremendamente estricto- y se hace un análisis que detecta que ese producto tiene 10% o 15% de agua, todo el vino chileno va a sonar. Nos vamos a ver afectados todos -recalca Silva.
La pelea conjunta de los elaboradores y de los agricultores no se da en el aire. En mayo de 2015, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, echó a andar su primer espectrómetro de masas de relaciones isotópicas. Con eso se dio un salto respecto al nivel anterior de análisis a la presencia de agua añadida en el proceso de elaboración del vino y lo puso entre los países de avanzada.
Ángel Sartori del SAG señala que el SAG, junto a la llegada del espectrómetro, está realizando otros 22 análisis de tipo físico-químico a las muestras de vino captadas por el organismo. ‘Los resultados permiten verificar la genuinidad, potabilidad y aptitud para el consumo del cumplimiento normativo por parte de los productores de vino‘ explica Sartori.
Sin embargo, el diagnóstico de los viñateros es que se necesita inyectar más recursos.
Los camiones llegan justo cuando los funcionarios del SAG se van, porque tienen horario de oficina -explica Mario Pablo Silva.
Hoy las multas en materia de elaboración de productos adulterados van desde una a cien unidades tributarias mensuales. En el caso de reincidencia, la ley permite elevarlas al doble. Así, en el caso reincidencia la multa puede llegar a $9,2 millones.
Mario Pablo Silva cree que debe subir el costo de infringir las normas de uso de agua.
‘Un inescrupuloso dice ¿cuántas multas me van a cobrar en la temporada? Si es una o dos, las mete dentro de su costo operacional. Sin embargo, si son decenas de millones de pesos por cada multa, se lo va a pensar. El primer contacto fiscalizador del SAG debe apuntar a la capacitación a los encargados de las bodegas. Solo después de detectarse una reincidencia debería comenzar a operar una política más dura‘, explicó finalmente Silva.