A pocos días de que finalice el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos, medida que vence el 30 de septiembre, desde el sector inmobiliario anticiparon que los arriendos familiares podrían tener una suba de hasta el 27%. Y sugieren que no se prorrogue la decisión porque no es la “solución”, además de que el incumplimiento ha sido muy bajo, de un 3,7%. Desde el sector de los inquilinos, por temor a no poder afrontar el pago, reclamaron que la medida se extienda hasta marzo del 2021, cuando comiencen a menguar los efectos económicos de la pandemia.
En marzo pasado, al comienzo de los contagios, el Gobierno nacional dispuso por decreto congelar los alquileres y prorrogar los contratos hasta el 30 de septiembre. Y cuando la fecha se aproxima desde uno y otro sector recrudecen los planteos. Y San Juan no es la excepción.
Mauricio Turell, secretario de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan, dijo que no es conveniente continuar con el freno porque la morosidad ha sido mínima. Y calculó que si se liberan en octubre los valores para alquilar alcanzarán una suba del 27%.
Más cauta, Josefina Pantano, del Colegio de Corredores Inmobiliarios, dijo que “seguir ampliando un decreto temporario y de emergencia no es la solución”, y calculó que si se liberan los valores el incremento oscilará entre el 15 al 17%.
Un mundo aparte es el sector de los alquileres comerciales, donde las opiniones apuntan a que continúe el congelamiento de los valores hasta tanto se empiece a recuperar la actividad económica. Es que incluso en la provincia, cuando se había comenzado a retomar el trabajo, el Gobierno provincial decidió regresar a la Fase 1 por un brote de contagios. Y recién la actividad se podría a retomar a pleno el sábado 5 de septiembre, según adelantó ayer el gobernador Sergio Uñac.
Del lado de los inquilinos, Víctor Bazán, de la Asociación de Locatarios de San Juan, pidió que siga el congelamiento, al menos hasta marzo de 2021, como lo ha planteado la Federación de Inquilinos Nacionales. Y advirtió que hay casos de intentos de desalojo encubiertos en los que los propietarios cortan los servicios de luz y agua para obligar a las familias a dejar los inmuebles. Es que los desalojos no están autorizados y entonces, según Bazán, algunos locatarios acuden a esta modalidad.
Tanto desde el colegio que preside Pantano o la cámara que integra Turell negaron estas maniobras. Aunque dijeron que no se responsabilizan por algunas inmobiliarias que funcionan al margen de la ley y sin autorización para trabajar.
Un relevamiento de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina reveló que 89,7% de quienes alquilan una casa cumplió con el pago en julio.
Ya está la nueva fórmula de ajuste
Tal como lo establece la nueva Ley de Alquileres, la 27551, el Banco Central aprobó el método de cálculo del Índice para Contratos de Locación de inmuebles destinados a uso habitacional. Se trata de una combinación del nivel de inflación de precios con el aumento de salarios y será publicado en forma diaria.
La norma establece que el precio del alquiler solo podrá ajustarse en forma anual y utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE).
El índice tendrá carácter diario, de modo de posibilitar el cálculo del ajuste cualquiera sea el día de inicio del contrato.
La nueva Ley de Alquileres, sancionada este año por el Congreso, modifica una vieja norma de 1984 e incorpora nuevos derechos y obligaciones del inquilino y del propietario como, entre otros, la prohibición de pagos por adelantado, salvo el pago de un mes de alquiler y el depósito en garantía. También establece que el plazo mínimo de la locación de inmueble será de tres años y que el importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler que se haya pactado.