El fiscal de Estado, Jorge Alvo, apeló ayer la sentencia de la jueza Adriana Tettamanti, quien había declarado la inconstitucionalidad del Código Electoral que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales, al hacerle lugar a la demanda de tres diputados giojistas. En el planteo, el representante del organismo que defiende los intereses de la provincia sostuvo que la resolución de la magistrada "se erige en una clara y concreta herramienta de intromisión del Poder Judicial en el ámbito soberano donde se ejercen las funciones del Poder Legislativo". No fue lo único, ya que señaló que, con interpretaciones arbitrarias e inadecuadas, dictó un fallo que "interfiere notablemente con el funcionamiento de la Legislatura", ya que "le señala" a la Cámara de Diputados "qué trámite debe observar para sancionar una ley, cómo debe sesionar, cómo hacer las votaciones y el conteo de votos, al realizar interpretaciones de su Reglamento Interno".
En su escrito, Alvo indicó que Tettamanti, en su resolución, expresa "en forma indirecta" que el Código Electoral que impulsó la gestión uñaquista está dentro de las leyes decisorias, debido a que el procedimiento legislativo para su modificación "debió llevarse a cabo mediante una sesión especial. Esta afirmación es de tamaña arbitrariedad, porque todas las leyes que han modificado el Código Electoral son reglamentarias o técnicas, salvo la 613 N, que es decisoria". Así, destacó que el régimen electoral no integra las leyes decisorias porque que son los legisladores los que le otorgan tal carácter. El fiscal de Estado explicó que la jueza remarcó que la norma que instaló las PASO tiene un carácter de orden público y que, por ello, la equiparó con el de una ley decisoria, la que, además de tratarse en una sesión especial, necesita de una mayoría de dos tercios para su modificación. "El carácter de orden público de la ley no le concede el de ley decisoria". En ese punto, el "entendimiento" de la jueza "interfiere notablemente con el funcionamiento de la Legislatura, porque no puede interpretar lo que la ley no dice, pues, al hacerlo, le cercena las facultades propias de los miembros del Poder Legislativo". Además, Alvo resaltó que el tratamiento legislativo fue el correcto tras la moción del oficialismo para su tratamiento y aprobación sobre tablas.