La exintendenta Ana María López disparó contra su sucesor, Fabián Martín, luego de que saliera a la luz la resolución del Tribunal de Cuentas que dispuso que ella, su marido, su hija y un exfuncionario que devuelvan de sus bolsillos 81 mil pesos por las irregularidades administrativas en la construcción del Centro Integrador Comunitario (CIC). La dirigente señaló que su gestión dejó todos los materiales para llevar adelante la obra y que ella no se puede hacer cargo “si ahora esos recursos faltan”. Por otro lado, no descartó que el órgano encargado de revisar las cuentas municipales “se ha dejado llevar” por los resultados a los que arribó la comisión investigadora que armó el actual jefe comunal apenas asumió.
Por eso, Ana María anticipó que hará uso de la instancia que tiene a su favor, la cual es pedirle al Tribunal de Cuentas que revea su dictamen. Incluso, no descartó llegar hasta la Corte de Justicia. Al se consultada sobre la situación, la funcionaria provincial manifestó que “tengo la tranquilidad de que a las cosas las hice bien y por eso quiero pedirle al Tribunal que revea el fallo porque me parece que no está claro”.
Según Ana María, la resolución dada a conocer por el órgano encargado del control posterior del gasto público “no tiene ninguna cuantificación numérica, no se sabe qué metodología han usado para hacer el peritaje y para llegar al valor final”.
El dictamen del Tribunal se dio a conocer el lunes y establece que hay una diferencia de 20.198 pesos entre la cantidad de materiales que se encontraron para realizar el CIC y los que realmente estaban. Así, la exintendenta, su marido, Al erto Herrera, quien fuera subsecretario de Obras; su hija, María Fernanda Herrera, quien se desempeñaba como directora de Obras, y el subdirector de Compras, Alejandro Bruzzi, deberán devolver 5.049 pesos cada uno. Además, hay discrepancias en los certificados de obra por 60.563 pesos.