El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, anuló los artículos de un decreto firmado por Mauricio Macri que les permitió a familiares de funcionarios públicos ingresar al blanqueo de capitales pese a que el Congreso los había excluido expresamente al sancionar la norma.
El magistrado hizo lugar una demanda colectiva promovida por la asociación civil Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS) y dictó la nulidad de los artículos 1, 2, 5 y 6 del decreto 1206/2016 firmado por el ex Presidente, a través del cual se habían incorporado a los familiares de los funcionarios a las facilidades incluidas en el Régimen de Sinceramiento Fiscal impulsado durante el gobierno de Cambiemos.
“Más allá del análisis sobre si existe en el caso exceso en la reglamentación al desvirtuar en tanto modifica la ley que reglamenta, debe destacarse que dicha reglamentación invade la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria”, argumentó Cormick en una resolución a la que accedió Infobae.
En el caso, la AFIP presentó un escrito en el que anticipaba que de impugnarse el decreto quedaría habilitada a exigirles a los contribuyentes involucrados que abonen todos los impuestos adeudados, entre ellos Ganancias, IVA y Bienes Personales. Fuentes oficiales anticiparon que la oficina recaudadora trabaja en la elaboración de una lista de los familiares que ingresaron al blanqueo para presentarla en el juzgado.
Para entender el alcance de la sentencia hay que retrotraerse a mediados de 2016, cuando el gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de blanqueo con el objetivo de incentivar el ingreso de dólares al país. Originariamente, el entonces bloque oficialista pretendía incluir en la norma a los familiares de funcionarios públicos, pero los espacios opositores se unieron para excluir esa posibilidad.
Una vez sancionada la ley, Macri emitió un decreto para revertir este cambio y provocó una gran polémica. Diputados del Frente para la Victoria (actualmente Unión por la Patria) y la entonces legisladora Victoria Donda promovieron denuncias penales contra el ex mandatario.
“Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación”, sostuvieron los legisladores en la denuncia.