“Aportamos más elementos de convicción sobre los posibles nuevos delitos de acción pública perseguibles de oficio y en perjuicio de la administración”, de esa manera los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia presentaron ayer más documentos en la causa por presuntas irregularidades en los elevados precios por las contrataciones del Instituto Autárquico Provincial de Entre Ríos (IAPSER) en servicios de seguros para el Estado.
La ampliación se hizo pasado el mediodía en el Segundo Juzgado de Instrucción Penal, donde se tramita la investigación. Además, se conoció que el Tribunal de Cuentas de la provincia ya fue notificado de la existencia de la investigación, por lo que le pidió al juez Pablo Flores que le remita las actuación del caso para determinar si corresponde o no su intervención.
Seguros licitados
La administración uñaquista ya licitó tres seguros estatales que prestaba el IAPSER. El más importante fue el de ART para estatales y la Policía. Luego continuó con el seguro para los alumnos de todas las escuelas y finalizo con la cobertura para toda la flota de vehículos de Salud Pública.
Fue la cuarta ampliación de denuncia de los letrados y entre los documentos presentados se destaca la respuesta de la Secretaría General de la Gobernación a un pedido de informe realizado por los entonces diputados Juan Sánchez y Alfredo Castillo en septiembre de 2004. En ese escrito las autoridades de esa área, aclararon a la Cámara de Diputados que no existía hasta esa fecha un contrato con el IAPSER que esté enmarcado con el acuerdo interprovincial que firmó San Juan y Entre Ríos por el corredor bioceánico, tal cual argumentó el exgobernador José Luis Gioja en el fugaz encuentro con medios el 5 de abril último.
Además de ese documento, los letrados aportaron la publicación de DIARIO DE CUYO sobre el seguro para las movilidades de Salud Pública, donde la gestión uñaquista llamó a licitación y logró un ahorro del 73,3 por ciento por sobre lo que la provincia le estaba pagando al IAPSER en 2016.
Ahorro
304 Son los millones de pesos estimados que el Gobierno logró reducir en un año, licitando servicios que prestaba el IAPSER.
Por otro lado, adjuntaron al expediente el documento publicado por El País Diario, en el que figura que el exgobernador Gioja habría dejado establecido, el 9 de diciembre del 2015, la extensión del contrato por el seguro de ART para los estatales y la Policía con el IAPSER, para todo el 2016.
Fuera de la presentación de Arancibia y Seguí, el Segundo Juzgado de Instrucción ya le comunicó la existencia de la causa a Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas. Las instituciones confirmaron que analizarán las actuaciones para determinar si corresponde ser parte querellante o analizar las cuentas cuestionadas, respectivamente.