El Gobierno nacional está buscando que el tema de la reforma laboral no se mezcle con la campaña de las elecciones legislativas. Por eso, las novedades que se conocieron en los últimos días fueron tomadas como un adelanto, sin el carácter oficial que haga prever su inmediata implementación. Se estima que esto recién sucederá después de la compulsa del próximo 22 de octubre, y que en un principio la estrategia del Gobierno en materia laboral contempla que no haya un proyecto para modificar la Ley de contrato de trabajo ni la de asociaciones sindicales. Se optará por fomentar las negociaciones de acuerdos sectoriales con empresarios y gremialistas para modificar los convenios colectivos y así bajar costos laborales y aumentar la productividad, sin tener que pasar por el Congreso.
Se trata de un mecanismo con el que se pretende alcanzar dos objetivos: tener conforme a la dirigencia de la CGT, a la que se le ha prometido que se evitará una "flexibilización a la brasileña”, e introducir los cambios necesarios, en cada uno de los sectores de la producción, que reduzcan la presión actual contra los empleadores.
Los acuerdos sectoriales aparecen como una excelente medida para facilitar las negociaciones, dando la posibilidad de establecer convenios de trabajo. Lo mismo ocurre con la posibilidad de poder establecer una diferenciación salarial o de condiciones de trabajo, ya sea que los empleados pertenezcan a las provincias más desarrolladas del país, o que se desempeñen en jurisdicciones más chicas donde, lógicamente, se tiene un estilo de vida diferente.
Más allá de lo que se resuelva entorno a algunas negociaciones complicadas dentro del sector público, como la de las paritarias docente, los acuerdos que se están haciendo en el sector privado contemplan soluciones como la implementación de la polivalencia o multitareas; intercambio de planteles entre empresas y el pago por objetivos.
La mayoría de los sindicalistas están dispuestos a apoyar este tipo de reforma laboral que no resultaría tan traumática.