Lázaro Báez pidió que lo liberen en la causa que está detenido por lavado de dinero, conocida como “La Ruta del Dinero K”. El empresario hizo este planteo ante el Tribunal Oral Federal 4, que debe juzgarlo por lavado.
La presentación del “zar de la obra pública” en Santa Cruz se produce a poco de que se cumplan dos años en prisión preventiva, el próximo 5 de abril. Justamente la ley establece ese plazo como máximo para ese medida, aunque existe la opción de prorrogarla por otro más.
El planteo lo hizo el abogado defensor de Báez, Esteban Balian, que argumentó que no existe peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. En esta línea reclamó la libertad de su defendido, después de dos años en prisión sin condena.
Ahora la decisión está en manos del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel. Tras recibir el pedido el Tribunal corrió vista al fiscal de juicio Abel Córdoba, que no cuenta con plazo para resolver, ya que se trata del cese de una prisión preventiva y no de una excarcelación, la que se debe definir en 24 horas.
Báez va a juicio, procesado junto a veintena de personas acusadas de integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013. Entre ellas están sus cuatro hijos, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habrían canalizado unos U$S 60 millones.
Recientemente el Tribunal Oral Federal Número 2 le pidió a la Cámara Federal de Casación que resuelva si las causas contra el empresario K por el direccionamiento de la obra pública y lavado de activos deben unificarse en un único juicio oral y público.
El TOF 2 recordó que en la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal se consignó que los expresidentes Néstor Kichner y Cristina Kirchner lideraron durante 12 años una asociación ilícita para favorecer al empresario K en la concesión de obras públicas en Santa Cruz.
Este Tribunal ya se había declarado incompetente para juzgar esta causa y la remitió al Tribunal Oral Federal Número 9, pero esta última instancia quedó inhabilitada por un fallo de la Corte Suprema. Así el expediente volvió al TOF 2, que ahora le pide a la Cámara Federal que unifique la investigación por lavado de activos contra Báez en un único juicio oral.
La causa por lavado de dinero contra Báez había sido elevada a juicio oral por el juez federal Sebastián Casanello y ahora se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal 4.
El juicio
Al empresario K se lo investiga por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI -conocida también como “La Rosadita”- con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, generadas a través de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de las empresas de Báez con el Estado nacional.
En el mismo proceso serán juzgados Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario que hizo una gran fortuna, principalmente, como concesionario de obra pública. También serán juzgados el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, ambos detenidos; el “valijero” Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y Fabián Rossi.
Baéz está detenido desde el 5 de abril de 2016, cuando aterrizó en el aeródromo de San Fernando proveniente de Santa Cruz, porque el juez Casanello determinó que había peligro de fuga dado que había emprendido un viaje en avión sin informar el plan de vuelo.