A través de sus abogados, los empleados del Banco Nación Liliana Rabasa y Fabián Saavedra habían ofrecido pagar unos 470 mil pesos como reparación del daño luego de haber quedado en la mira de la Justicia por el retiro de casi 250 mil pesos de la cuenta de un cliente. Con esa propuesta, buscaban que la causa fuera archivada, pero el fiscal federal Francisco Maldonado rechazó el planteo porque los imputados están encuadrados como funcionarios públicos, por lo que no les corresponde tal beneficio. La decisión del fiscal es vinculante, por lo que el Tribunal Oral Federal se encamina a fijar una fecha y llevar adelante el debate, en el que se determinará si ambos agentes tuvieron o no alguna responsabilidad con la maniobra.
Según fuentes judiciales, la postura de Maldonado fue tajante, ya que destacó que resulta una situación "infranqueable" el hecho de que los dos implicados hayan sido empleados del Nación y, por ende, funcionarios públicos al momento de cometer, presuntamente, el hecho que se les imputa. Por otro lado, recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un antiguo fallo, dejó en claro que los empleados de dicho banco deben ser considerados como funcionarios públicos, debido a que "custodian caudales de un banco del Estado, de cuya solvencia es responsable la Nación".
El juicio contra Rabasa, subtesorera, y Saavedra, quien autorizaba las extracciones, debió realizarse la semana pasada, pero sus defensores hicieron la propuesta en el Tribunal Oral para evitar el proceso y quedar desligados. Ante el ofrecimiento, desde el área legal de la entidad bancaria indicaron que los poco más de 470 mil pesos cubría lo adeudado, pero no desconocían que los acusados están encuadrados como funcionarios públicos. Así, el planteo le llegó a Maldonado, quien no hizo referencia al monto, sino que basó su postura sólo en lo que indica el Código Penal. Como el fiscal tiene en sus manos la promoción de la acción penal (investigar los presuntos delitos cometidos) su rechazo implica que los imputados van camino al juicio oral y público ante los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y Hugo Echegaray. Los implicados están acusados de fraude, entre otros delitos.