La ley para congelar los alquileres entró en vigencia este domingo en la ciudad-estado de Berlín, una norma inédita y controvertida en Alemania que trata de poner freno a las alzas desbocadas de precios. “La política tiene la responsabilidad de que las personas puedan permitirse un techo sobre sus cabezas”, aseguró la responsable de Desarrollo urbano de Berlín, Katrin Lompscher.
El “techo de los alquileres”, que fija el máximo en los 9,80 euros por metro cuadrado (muy por debajo de los precios de mercado en el centro), afecta a los contratos de alquiler de 1,5 millones de viviendas en la capital alemana –donde el 85 % vive en régimen de alquiler– para los próximos cinco años. A partir del 2022, los propietarios podrán incrementar los precios en un 1,3 % anual para incorporar la inflación.
Todos los nuevos contratos –salvo algunas excepciones– deberán ceñirse a la flamante ley, los infractores pueden ser castigados con multas de hasta 500.000 euros y los damnificados podrán acudir a los tribunales para que se les aplique la congelación (en ocasiones, hasta con efectos retroactivos).
El congelamiento de los alquileres tendrá aún que superar varios escollos judiciales. Los opositores conservadores y liberales anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional para derribar la ley, alegando que es una intromisión en la propiedad privada y que las competencias sobre alquileres son del Estado federal y no de los lander. Sin embargo, el tripartito de izquierdas que gobierna Berlín se muestra confiado. “Estamos tranquilos pese a que la ley aún debe ser revisada en los tribunales”, agregó Lompscher.
Al igual que ocurre en el conjunto de Alemania, en Berlín la mayoría de sus habitantes vive de alquiler, pero los precios en la capital federal se han duplicado en la última década por el creciente atractivo de la ciudad, la caída de los tipos de interés, la buena situación económica del país, la poca flexibilidad del sector de la construcción para atender a la demanda y, por supuesto, la especulación.
Desde la caída del Muro, Berlín –y sobre todo el sector este– se convirtió en una ciudad atractiva para vivir, concentrando 3,7 millones de habitantes, y con una afluencia anual de unas 40.000 personas. Pero en los últimos tiempos, los precios se han disparado, empujando a las clases medias instaladas en los remozados distritos de Mitte o Prenzlauer Berg hacia las afueras.
Así, barrios populares y de inmigración como Kreuzberg se han gentrificado. Además de la carencias usuales, ahora falta vivienda. La idea de congelar los precios es mantener los alquileres actuales de las construcciones anteriores al 2014 durante los próximos cinco años.
Según los críticos de estas medidas, los propietarios van a perder incentivos para emprender obras de renovación al no poder subir los alquileres. Y como la ley está ahora pendiente de resolución judicial, las asociaciones de inquilinos recomiendan a éstos que guarden el dinero que se van a ahorrar mientras tanto, por si acaso. De todos modos, para Ulrich Ropertz, presidente de la Asociación Alemana de Inquilinos, “es correcto que Berlín trate de detener la espiral de los alquileres”, mientras que “la legislación federal ha perdido la oportunidad de aprobar medidas efectivas en los últimos años”.