Si bien estuvo por casi cuatro horas declarando ante el juez y ante el fiscal de la causa, por la investigación de la contratación del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), para dar cobertura de ART a empleados estatales y la Policía durante la gestión pasada, el exasesor giojista, Oscar Bernard, no quiso explayarse ante este diario. Además, según se pudo confirmar, en la Justicia repitió los argumentos que ya había dado en conferencia de prensa junto a José Luis Gioja, sobre el alto valor de la alícuota de los seguros y qué hizo, mientras trabajó para el Ejecutivo, para que esos valores bajaran a través de los años.
“Yo testifico ante el juez, no ante los medios”, porque “los medios periodísticos no son jueces”, dijo Bernard a este diario, visiblemente molesto ante la requisitoria periodística. El exfuncionario no quiso contestar a la salida de su testimonial sobre el valor de la alícuota -muy superior a las de mercado- y la firma posdatada del contrato del IAPSER con el Gobierno de San Juan, que puso en tela de juicio si el exgobernador Gioja había dejado o no firmado el contrato con la aseguradora entrerriana antes de dejar el cargo en diciembre de 2015.
Según confirmaron fuentes oficiales, ante el magistrado del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, y el fiscal Daniel Galvani, Bernard aclaró que él no intervino en la contratación del IAPSER desde su inicio, en el 2005, ya que su ingreso al Gobierno ocurrió un año después, como asesor de la Secretaría General de la Gobernación, por lo que no tiene conocimiento de cómo se llegó al IAPSER y por qué se decidió con una contratación directa y una renovación automática. Aunque sí opinó que los mecanismo que se usaron para esa contratación son permitidos, gracias a los convenios firmados entre las provincias.
Para el caso de la siniestralidad, explicó que el índice que se abonaba en ese momento para la Policía era alto y que ese valor arrastraba el precio del seguro para los demás empleados estatales. Por eso, se acordó con el IAPSER separarlos para que un índice no repercutiera en el otro.
Sobre el contrato que dio a conocer el canal de noticias TN, donde figura la firma del exgobernador José Luis Gioja con fecha febrero de 2016, cuando ya no era mandatario, las fuentes indicaron que Bernard aclaró que para ese tipo de contratos está permitido firmarlos 45 días antes de que finalicen, para no dejar sin cobertura al asegurado.
La declaración testimonial de Oscar Bernard fue clave para la causa y sucedió justo en el día en que la denuncia penal que presentó Marcelo Arancibia y Diego Seguí, cumplió un año. Además de la palabra de letrado, hay otro testimonio que será central. Se trata de Moisés Lara, exdiputado y representante local del IAPSER. Esa presentación que quedó nuevamente postergada sin fecha fija, pero se espera que suceda la próxima semana. Con la de Bernard, es la segunda testimonial que tiene la causa, ya que en diciembre una exgerente de la firma, Flavia Nayar Ojeda, se presentó ante el juez.
La polémica por la contratación de seguros estalló en diciembre de 2016, cuando la gestión uñaquista decidió licitar por primera vez un servicio que siempre fue prestado por el IAPSER, gracias a una contratación directa y renovación automática. Tras la apertura de sobres, el Ejecutivo actual adjudicó el servicio a una nueva firma, generando un ahorro de 320 millones de pesos al año.
Alumnos y movilidades
El IAPSER no sólo brindaba cobertura a los empleados estatales y a los policías sino también cubría el seguro de los alumnos de las escuelas públicas y las movilidades del Ministerio de Salud Pública. Ambos servicios también fueron licitados y para competir, la compañía entrerriana presentó ofertas más bajas de los que venía cobrando. No obstante, perdió las pulseadas.
En el seguro para los alumnos, el IAPSER percibía 4,5 millones de pesos al mes en 2016, mientras que la firma La Segunda cobró 1,8 millones en 2017. En cuanto a las movilidades de Salud Pública, la empresa entrerriana cobraba 200 mil pesos por mes hace dos años, mientras que La Caja percibió 53.300 en 2017