En la última semana el mundo fue el escenario de las críticas que desde todos los sectores recibió Bolsonaro cuando, inicialmente, decidió rechazar la ayuda de 22 millones de dólares que el G-7 le ofreció para ayudar a contener el fuego en la Amazonía. Rápidamente, al tema se lo vinculó con la supuesta escasa voluntad por parte del gobierno brasileño para controlar los más de 76.000 focos de incendio, y todo derivó en un grotesco intercambio de críticas entre Emanuel Macron y Jair Bolsonaro propio del mundo del vodevil.
Aunque la quema y la tala de terrenos en los países que integran el ecosistema amazónico es una práctica habitual y autorizada, realizada incluso por los pueblos originarios, este es el peor de los métodos para desmalezar y ganar tierras para el cultivo. Y no solo por el riesgo de generar incendios no controlados, sino porque en el mediano plazo el constante desmalezamiento por quema ocasiona un agotamiento de las tierras, existiendo experiencias históricas en Mesoamérica, como las practicadas por mayas y teotihuacanos en épocas prehispánicas, que al utilizar la quema generaron altos rindes iniciales pero terminaron deteriorando los suelos, lo que llevó a la desaparición de estos últimos.
Probablemente, la llave para entender el desastre actual esté en el cuestionable Decreto Supremo 3973, que Evo Morales promulgó el 9 de julio de este año, por el que se autorizaba una quema mayor de bosques en los departamentos amazónicos de Beni y Santa Cruz de la Sierra, puntualmente en la región de la Chiquitanía, la más oriental de Santa Cruz de la Sierra, y que rápidamente alcanzó el sur de la Amazonía brasileña.
La difusión de las imágenes de los incendios, y como estos afectaban a los pueblos originarios brasileños, llevó a que se despertara el encono internacional -manifestado en los medios y en las redes sociales- contra el propio Bolsonaro. Sin embargo, sospechosamente, no alcanzaron a Morales, siendo que en el país mediterráneo se había alcanzado un nuevo récord histórico de focos de incendios -cerca de 18.000- y de hectáreas consumidas, o a Maduro, ya que en Venezuela los satélites habían detectado cerca de 27.000 incendios.
Macron, que siempre manifiesta preocupación y sensibilidad por los temas ecológicos, rápidamente se sumó a las críticas y llegó a condicionar la continuidad del acuerdo UE – Mercosur al cuidado de la Amazonía. Y en este particular se debe considerar que esta ecorregión también está en territorio francés. No es que este gigantesco río pase por París, como el Sena, o que el humo de los incendios llegue a Marsella y la Costa Azúl, pero resulta que esta gigantesca selva tropical también se encuentra en la Guayana Francesa, la porción americana que posee este país europeo.
Por su parte, Brasilia, ante la crítica internacional acerca de la supuesta política de "no intervención activa" para controlar los incendios, respondió con una prohibición por dos meses del uso del fuego para desmalezar las tierras y con investigaciones policiales puntuales -como la operación Labaredas-, que ya comenzó a arrojar algunos resultados al detener la Policía del Estado de Pará a un individuo vinculado a la hacienda Ouro Verde que habría contratado a personas para quemar varias miles de hectáreas del "Área de Protección Ambiental Triunfo do Xingú" y hallar pistas de aviación clandestinas. Pero quizá una de las razones estratégicas que decidió apurar la intervención del Palacio del Planalto sea el temor al avance de la "R2P", una nueva doctrina -nacida de think tanks como la Escuela de Estudios Críticos de Seguridad de Copenhague y rápidamente adoptada por las potencias centrales- que de imponerse afectaría a los países que poseen amplios recursos naturales. El experto bangladedí Mohammed Nuruzzaman explica la génesis de ésta al sostener que en "los años ochenta y noventa aparecieron una serie de ideas liberales influyentes, como el desarrollo sostenible, el empoderamiento de las mujeres y la seguridad humana, que conmocionaron en gran medida el pensamiento en todas partes. Estas ideas, que llegaron gradualmente para quedarse y ocupar un lugar, generaron la controvertida R2P."
¿Pero que es la doctrina R2P? Este acrónimo que significa "responsabilidad de proteger", y que se ha extendido simplemente como doctrina de la "securitización", pretende ser una nueva evolución en el derecho internacional por el cual se puede invocar la necesidad de que se desarrollen políticas y acciones concretas, como una intervención militar si fuera necesaria, para frenar problemáticas que se presentan como una amenaza que no puede ser resuelta, o que incluso que es provocada, por un Estado nacional.
Esta doctrina es generada primero desde la retórica, donde gobiernos, líderes políticos globales o burócratas de las organizaciones internacionales exponen temas que son tomados como propios por las sociedades para, posteriormente, imponer agendas que incluyen la necesidad de que estas lógicas discursivas, que defienden determinados intereses, sean protegidas legítimamente apelando al uso de la fuerza si fuera necesario.
Los temas que entran en consideración para esta doctrina van desde las crisis humanitarias hasta la cuestión medioambiental, la que, al ser "descuidada" por los gobiernos nacionales, puede generar una intervención externa por considerarse que el abandono de lo medioambiental pone en riesgo no solo a las sociedades nacionales, sino que afecta a la seguridad global.
Si bien la doctrina de R2P se basa en antecedentes internacionales concretos, como la necesidad de intervenir ante el genocidio bosnio, las masacres en Ruanda o la crisis humanitaria de Kosovo, el concepto evolucionó hasta negar a los gobiernos nacionales la plena soberanía para actuar dentro de los límites de sus territorios, sobre todo en temas vinculados a los derechos humanos y al medioambiente.
Así, el ofrecimiento de la ayuda económica por parte de Macron y de la UE a Brasil encierra una doble trampa. Por un lado estos capitales pueden venir "recetados", es decir para un fin específico y condicionar su libre uso, mientras que, por otra parte, su rechazo podría generar una crítica internacional más fuerte todavía que hiciera que la sociedad global se vuelva permeable al reclamo de la securitización de la Amazonía.
La preocupación de Brasil no es nueva, de hecho la conducta inicial de Bolsonaro de rechazar la ayuda internacional está relacionada con este tema. Y es que el porcentaje que le pertenece a Brasil de la Amazonía lo convierte en el propietario de la reserva natural más grande del mundo, y no quiere sorpresas con respecto a ser el único que decidirá qué hacer con ella. Por temor a que se le cuestione la forma en que maneja el mayor pulmón del planeta y sus recursos, como por ejemplo la mayor reserva del estratégico niobio, es que desarrolla desde el año 2000 el "Sistema de Vigilancia Amazónica" -Sivam-.
El Sivam se concibió como un programa que tenía por objeto darle a Brasilia una presencia gubernamental efectiva y posibilidades de defensa concreta frente a una violación terrestre, fluvial o aérea de su territorio amazónico, es decir como una forma de disuadir el discurso de la securitización. Hoy el sistema incluye radares para detección y control del tráfico aéreo, aeronaves de vigilancia y otras de intercepción para derribar aviones o helicópteros si fuera necesario.
Las sospechas de Bolsonaro en torno al desarrollo de un futuro discurso de securitización encuentran alguna confirmación en el hecho que incendios de dimensiones iguales o mayores, como los que se desarrollan actualmente en los bosques siberianos y en el cono sur de Africa, no recibieron la misma atención en los medios o en las redes sociales. De hecho, los actuales incendios no son mayores que los ocurridos en el Brasil de Lula entre los años 2004 y 2007.
La quema, prohibida sólo en la Amazonía
El Gobierno brasileño modificó el decreto promulgado el jueves mediante el cual se prohibía durante los próximos sesenta días el uso de fuego para preparar las siembras en todo el país, pero mantuvo la disposición para la Amazonía, afectada por los peores incendios en los últimos años. La modificación del decreto, publicada en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Unión, permite el uso de fuego para fines agrícolas en regiones por fuera de la llamada "Amazonía Legal", integrada por ocho estados del occidente y centro del país, además de una parte de Maranhao, en el Nordeste. Brasil es responsable por el 70% de los 7 millones de km cuadrados que abarca la Amazonía.