Era un aviso, sin dudas. Pero no un aviso para un grupo de gente, sino para la historia. En San Juan, el primer cumpleaños de la Patria en la década arrancó con la explosión de una bomba molotov, arrojada desde un auto, exactamente en el palco donde horas más tarde ese 25 de mayo de 1970 se iban a ubicar las autoridades provinciales para ver el desfile. Una advertencia, sin más daños que pedazos de madera y sillas, pero con la carga pesadísima de un mensaje nefasto, del anticipo del capítulo de horror que estaba comenzando.
Y eso que faltaban seis años para el nuevo golpe y la nueva dictadura, que trascendería luego como la más cruenta de la historia argentina, con 30.000 desaparecidos. Pero la violencia y la muerte estaban en cualquier calle, a cualquier hora, dando esos avisos repentinos.

Bravo lo sabía. El sanjuanino Leopoldo Bravo era el candidato a vicepresidente de la Nación por la Alianza Republicana Federal en 1973, secundando a Ezequiel Martínez, el postulante afín al presidente de facto Agustín Lanusse. Apenas iniciado el año de las elecciones para las que se presentaba, el hallazgo de un artefacto explosivo asustó a todos los vecinos de su barrio. En el baldío pegado a su casa habían colocado una bomba de fabricación casera. Ahí también, era un aviso. Por puro azar, no estaban en ese lote los niños que se juntaban a jugar a la pelota todos los días. La Policía desarmó el aparato por llamados anónimos que alertaban de su presencia.

Cuatro meses después, las explosiones se multiplicaron. El 18 de mayo estallaron tres bombas el mismo día, junto a la sede del Distrito Militar (Mitre antes de Sarmiento), en la casa del delegado sanjuanino ante la SIDE, Raúl Peschieu; y en la puerta del edificio ocupado por la empresa Coca Cola, en 9 de Julio 1028 Este. Montoneros se atribuía entonces los ataques. 

Pero los episodios sin víctimas eran los menos.

El primero de los casos más graves en conocerse fue el del dentista Marcelo Verd y su esposa Sara Palacio, también apenas se abría la década. Cerca de las 9 de la mañana del 2 de julio de 1971, un grupo de ocho hombres entró a la casa del matrimonio. Faltaban sólo minutos para que el odontólogo empezara a atender en el consultorio que tenía allí mismo, en la vivienda de calle Arenales, en la Villa del Carril. Hubo forcejeos, gritos, y Verd y Palacio fueron llevados a los tirones. Jamás se volvió a saber de ellos.

Sus familiares reclamaron durante años que la Justicia se moviera. El juez federal Mario Gerarduzzi dijo que ninguna fuerza oficial se había llevado a la pareja y que en la casa habían hallado materiales presuntamente usados para armar ‘cazabobos‘, pequeños explosivos que estallaban al levantarlos del suelo. Era conocida la militancia que ambos habían tenido en la Federación Universitaria Argentina y luego se los ligó al grupo guerrillero FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). Pero no eran más que pistas que no llevaban a nada. El dentista y su mujer pasaron a ser desaparecidos bastante antes de que el término anclara en la sociedad.
Todavía se hablaba del caso Verd cuando otra vez los sanjuaninos fueron sacudidos por la violencia. En un baño del tercer piso del Edificio 9 de Julio, donde funcionaban reparticiones públicas, estalló una bomba que dejó bastantes daños.

El clima de pánico replicaba a la perfección lo que sucedía en todo el país. Los ataques terroristas con víctimas mortales se contaban de a cientos, y a ellos se sumaban secuestros, tiroteos, fusilamientos y represiones policiales y militares en muchos casos por afuera de la legalidad. El propio Lanusse dijo que sólo el retorno de Perón al país podía garantizar la paz social y le permitió al peronismo alistarse para las elecciones de 1973, pero sin el líder como candidato.

Las cosas en San Juan no mejoraban. Poco después del atentado en el edificio público, un grupo guerrillero tomó por asalto el puesto policial de la Villa Marini, en Santa Lucía. Redujeron a los agentes, los desnudaron, les quitaron armas y uniformes y escaparon en un taxi que luego apareció abandonado en la esquina de Estados Unidos y San Luis, cerca de la Terminal de Ómnibus.

Dos semanas después, desde un auto a toda velocidad alguien descargó una balacera contra el edificio municipal de la Capital, destrozando vidrios y sembrando el horror entre quienes estaban allí esa mañana.
Luego, en enero del ’72, Carlos Alberto Pardinez, un joven cajero del Banco Crédito de Cuyo, logró escapar tras tirotearse con la Policía. Según la Justicia, le habían podido arrebatar una valija con armas y pelucas para camuflarse. La Policía lo encontró al otro día y secuestró de la vivienda en la que estaba explosivos, más disfraces y pelucas, todo escondido en un cochecito de bebé.

CALMA CERO

La vuelta de la democracia en 1973 y del peronismo al gobierno no garantizaron para nada la paz social. Los enfrentamientos armados, secuestros, atentados y operativos parapoliciales seguían siendo moneda corriente en el país. Tras la muerte de Perón el 1 de julio del ’74 asumió la presidencia su mujer, María Estela Martínez de Perón, y con ella la violencia terminó de desbocarse: eran tan seguidos los ataques de grupos guerrilleros como los de la Triple A y otros grupos paramilitares que actuaban con total cobijo del gobierno democrático.

Apenas iniciado 1975, estalló una bomba poderosa colocada debajo del Dodge GTX de Hugo Caruso. La explosión le destrozó la casa y destruyó los vidrios de varias viviendas vecinas con su onda expansiva. Al mes siguiente, otra bomba más grande hizo volar en pedazos la carnicería MAFV, en General Acha y Córdoba. Y el mismo día estallaba un explosivo en la casa de Blanca de Marún, en Cereceto y Salvador María del Carril.

El 11 de marzo hubo cinco atentados con bombas el mismo día, todas ellas dirigidas a empresarios vitivinícolas. Destrozaron las fachadas de las bodegas Carrascosa, Esmeralda, Estornell y El Globo, además de la casa de Jorge Barassi, frente a la bodega Graffigna.

Los días siguientes fueron noticia las explosiones en un predio céntrico de la Policía Federal, en la casa del interventor de la UNSJ, en la vivienda del médico Carlos Augusto Inza y varias más.

El hecho más sangriento previo al golpe del ’76 fue el asesinato del diputado Pablo Rojas el 3 de noviembre de 1975. Lo acribillaron a balazos en su Ford Falcon. El crimen tenía un trasfondo de mafia sindical y recién en 2016 comenzó a ser investigado como delito de lesa humanidad.

Tras el inicio de la última dictadura, que le siguió al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el terror se multiplicó. Ya en la víspera misma del asalto al poder había sido asesinado el comisario Ernesto Patetta, jefe de la Policía Federal en San Juan. A ese crimen le siguieron varias muertes de personas consideradas subversivas por el régimen. Y comenzó a aplicarse un modelo sistemático de secuestro de personas que eran sospechosas para la Policía o el Ejército. San Juan tuvo sus propios centros de detención clandestina, como La Marquesita, y muchos detenidos fueron sometidos a torturas.

El horror de muchos de esos casos salió a la luz casi cuatro décadas después con los juicios por delitos de lesa humanidad que el Tribunal Oral Federal llevó adelante en la provincia y que terminaron con penas de perpetua para genocidas como Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, ambos fugados y luego recapturados.

Un caso emblemático en San Juan fue el de Marie Anne Erize, la joven y hermosa modelo francesa que militaba en Montoneros y que fue secuestrada de la puerta de una bicicletería en Trinidad, el 15 de octubre de 1976. La chica fue torturada y violada en un centro clandestino y, aunque se presume que la asesinaron, jamás apareció su cuerpo ni hubo certificado de defunción.

Aunque la modelo no fue la única desaparecida en San Juan durante la dictadura que encabezaron Videla, Massera y Agosti, su caso alcanzó repercusión internacional y sirvió para que el mundo comenzara a tener idea del terror que vivían durante esos años de plomo los argentinos.