Con nuevas pruebas en su poder en la causa de los cuadernos de las coimas tras los allanamientos, el juez Claudio Bonadio, volvió a citar para que amplíe su declaración indagatoria la expresidenta, Cristina Kirchner y, por primera vez, citó a la cúpula de la agrupación K "La Cámpora".
Pero hubo otra medida que tomó el juez que tendrá alto impacto en la causa: Bonadio amplió el periodo de investigación de 2003 a diciembre de 2015. Es decir, toda la era K. En principio, la investigación se había señido al periodo 2008 a 2015.
Con estas nuevas disposiciones de Bonadio, Cristina deberá volver a los tribunales de Comodoro Py el 3 de septiembre. Y por primera vez deberán declarar los jefes de La Cámpora Andrés Larroque, Eduardo Wado de Pedro y José Ottavis.
Otra novedad es que fue citado el empresario del extinto Grupo 23, Sergio Szpolski.
En este contexto, Bonadio generó nuevas causas vinculadas a la maniobra principal, que es la recaudación de fondos ilegales y amplió el período de la investigación, señalando que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación Federal "comenzó entre el año 2003 y 2004". Hasta el momento se había puesto la lupa sobre lo ocurrido desde 2008 a 2015, porque el supuesto jefe de la asociación ilícita antes de ese período -Néstor Kirchner- está muerto.
Respecto a la organización de la causa, la novedad es que el juez decidió generar tres nuevos expedientes a raíz de las declaraciones de los imputados colaboradores, dividiendo las causas según tres grandes temáticas.
Cada una analizará aquellos sectores en los que el gobierno kirchnerista recaudaba los pagos ilegales: el sector energético, la obra pública civil y el transporte. El juez Bonadio consideró que al ser desprendimientos de la causa madre, que es la asociación ilícita que se investiga en los cuadernos de las coimas, debe ser él mismo quien siga instruyendo estos nuevos tres expedientes porque guardan conexidad con la causa central.
Esta reorganización de la investigación se decidió frente a "nuevos elementos de prueba" que se desprenden de la "existencia de un sistema de recaudación ilegal en el ámbito del Ministerio de Planificación entre los años 2003 y 2015 vinculados a las cuestiones energéticas, obra pública civil y transporte". Por tal motivo, el juez entendió que corresponde "profundizar la investigación respecto a estos sistemas", para que no se entorpezca la causa central conocida como los "cuadernos de las coimas". En este punto, justificó el desdoblamiento de la investigación en la búsqueda de una "mejor y más pronta administración de justicia, y razones de economía procesal", y por ello formó nuevas causas.
Los expedientes se van a tramitar juntos, es decir, seguirán en el juzgado del juez Bonadio como desprendimientos de la gran asociación ilícita que se dedicaba a recibir fondos ilegales, y donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de la misma.
Al momento de argumentar por qué se queda con estas tres nuevas causas, el magistrado reiteró que los cuadernos de la corrupción guardan relación con la causa sobre los subsidios otorgados a las empresas de colectivos entre los años 2003 y 2014, aquella que investiga la compra de gas licuado entre los años 2008 y 2015; y el expediente sobre la compra de gasoil entre los años 2008 y 2015.
"Atento a los elementos de prueba incorporados a la causa, los descargos de los imputados y los dichos de los "arrepentidos", se encuentran reunidos elementos suficientes para ampliar la declaración indagatoria", indica la resolución. Por estos motivos, quienes ya fueron indagados deberán volver a los tribunales de Retiro para responder por estas nuevas causas.
Hoy, 3 indagatorias
Las indagatorias comenzarán este jueves 30 desde las 9 con Roberto Baratta. Para ese mismo día también están citados Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Néstor Lazarte (ex secretario privado de Baratta) y Néstor Otero. Mañana 31 está prevista la indagatoria a José López, a Walter Fagyas, Rafael Llorens, Germán Nivello y José María Olazagasti.
Grupo local perdería el contrato por las represas
Electroingeniería está cerca de quedarse afuera del multimillonario contrato para la construcción de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. Se trata de la promesa energética de Cristina Kirchner y a la que -con modificaciones en costos y estructura- dio continuidad el gobierno de Mauricio Macri, pero que en medio de la causa de los cuadernos de la corrupción quedó salpicada por la detención de Gerardo Ferreyra, una de las principales autoridades de Electroingeniería: la empresa que integra el consorcio que está a cargo de la obra presupuestada en más de 4.000 millones de dólares. Mientras en la firma sostienen que "nada debería verse alterado", este jueves una delegación china se reunirá con el ministro de Energía Javier Iguacel y desde la Casa Rosada esperan que la firma argentina "se retire de la obra".
Cuando estalló el escándalo de los cuadernos de las coimas, Iguacel mantuvo una reunión con el embajador de China, con un pedido explícito: que la empresa local salga del consorcio porque está "sospechada de corrupción".
La obra, que busca generar durante toda su construcción 5.000 puestos de trabajo, cuenta con un presupuesto de 4.730 millones de dólares. El 85% del financiamiento de la obra es chino. Ambas hidroeléctricas tendrán una potencia instalada de 1.310 megavatios, es decir alrededor del 4% del total nacional. Fue una bandera energética (inconclusa) del gobierno de CFK, y recién después de dos años se retomaron los trabajos principales con la llegada de Macri al poder.
El proyecto K fue reformulado por el exministro del área, Juan José Aranguren: su costo es de casi un 20% menos que lo pactado por el gobierno anterior, que se estimaba en 6.000 millones. Además, se agregó un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios. Las represas pasarán de 1.740 a 1.290 megavatios.
Lo que confesó Wagner que complicó a Clarens
El empresario Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) señaló al financista Ernesto Clarens como el encargado de recibir los pagos de las coimas por la obra pública.
La declaración que como arrepentido había brindado Wagner ante el fiscal Carlos Stornelli el 10 de agosto pasado había modificado el rumbo de la investigación que comenzó con el esquema de delivery de bolsos con coimas a cargo de Roberto Baratta, quien fue durante 12 años la mano derecha de Julio De Vido en el ministerio de Planificación.
Wagner confesó haber participado, como jefe de la CAC -entre 2004 y 2012- de un sistema de cartelización de la obra pública, que implicó mayores costos y pago de coimas. Dio detalles de los negocios e hizo una lista de las empresas que formaban parte de lo que se denominó El Club de la Obra pública.
Wagner señaló al financista Ernesto Clarens, como quien fue puesto por los funcionarios del gobierno kirchnerista para canalizar el sistema de cobro de coimas que comenzó a finales de 2003 o principios de 2004. Wagner señaló que debido al desorden para recaudar las coimas en los años 2004 y 2005, el cobro se centralizó en las oficinas de Clarens en la calle Maipú. Fue entonces, según Wagner, que Clarens comenzó a ser el receptor de las coimas de las empresas de obra pública vial. Y que la orden de llevarle el dinero al financista fue de José López, quien se desempeñó durante 12 años como secretario de Obras Públicas.
El empresario, que al declarar como arrepentido se declaró culpable, explicó que Clarens se encargó de los cobros hasta la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, cuando los pagos se interrumpieron. Y agregó que el financista poseía un listado de lo que debía abonar cada empresa de acuerdo con los pagos que había hecho el Estado nacional por cada obra.