El Tribunal de Cuentas consideró que la gestión del intendente José Castro y el Concejo Deliberante en pleno incurrieron en una falta administrativa al pagarle a los dueños de dos inmuebles por encima de lo que había valuado el Tribunal de Tasaciones. Además, el órgano de control del gasto público cuestionó que en ambas operaciones se incluyeran donaciones de lotes a los vendedores. El jefe comunal reconoció que hubo un acuerdo con los particulares para llegar a dichas transacciones, pero negó que hubiera algo irregular, ya que contaron con el respaldo de los asesores legales del municipio y del cuerpo deliberativo. Por esa razón, señaló que reunirán toda la documentación para presentarla ante el Tribunal dentro de los 15 días hábiles para zafar del llamado cargo. En caso de no poder justificar la maniobra, a Castro, el titular de Hacienda, Raúl Páez; el contador Martín Trigo, el tesorero Fabián Chaves y los concejales José Risueño, Sandra Escuela, Valeria Garay, Alberto Fernández y Mario Pacheco se les declarará su responsabilidad administrativa ante lo que por ahora es una presunta irregularidad. Esto es, que deberán devolver 2.244.900 pesos de sus bolsillos a las arcas patrimoniales, a razón de 249.433 pesos cada uno.
Según trascendió, el Tribunal de Cuentas les formuló cargos a los funcionarios por haber pagado 1.000.000 pesos por un inmueble cuando el Tribunal de Tasaciones lo había valuado en 616.200 pesos, además de cederle cuatro lotes del mismo terreno al vendedor. En otra compra, desembolsaron 300.000 pesos por otro predio cuando éste había sido tasado en 268.900 pesos, además de la entrega gratuita de lotes al vendedor. El órgano contralor destacó que, por ley, los municipios no pueden apartarse del monto que fija el Tribunal de Tasaciones y remarcó que, de acuerdo al Código Civil, los acuerdos con particulares no pueden ir en contra de la norma.