La creciente llegada de inmigrantes a la Argentina, principalmente, de diversos destinos de Latinoamérica comenzó a encender alarmas en el Gobierno nacional por la demanda de servicios, vivienda, salud, educación y trabajo extra que representa esta ola de extranjeros en el país. Por eso, el Gobierno se ha enfocado en orientar los flujos migratorios hacia las provincias que demanden servicios concretos de trabajo. Esto surgió tras evaluar que en los últimos tres años se radicaron en el país 666.000 personas, y que el 83% de los inmigrantes se instaló en la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano bonaerense, en momentos en que varios distritos del interior del país analizan incentivos para extranjeros que se radiquen en su suelo y lograr así cubrir todo tipo de demandas laborales, afirmó el director Nacional de Migraciones, Horacio García.
Las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut ya mantuvieron reuniones con Migraciones y otros distritos se van sumando para acordar con la Nación incentivos para extranjeros que se radiquen en sus territorios y ofrecimientos concretos de trabajo.
Médicos, ingenieros, técnicos en distintas especialidades y personal para los corredores frutihortícolas son algunas de las actividades que requieren esas provincias. "Río Negro, por ejemplo, necesita 10 mil puestos de trabajo. Hay predisposición de las provincias para avanzar en este tema", señaló García.
En los últimos meses, el gobierno de Tierra del Fuego organizó en Buenos Aires reuniones con médicos y estudiantes de carreras afines, provenientes de Venezuela, para explorar la posibilidad de incorporarlos a su sistema público de salud.
Otra iniciativa de la dirección de Migraciones -que depende del Ministerio del Interior, que encabeza Rogelio Frigerio- es la creación de un ámbito institucional entre la Nación y las provincias para coordinar acciones y diseñar estrategias para las corrientes migratorias que viene recibiendo el país.
En los últimos meses, el movimiento migratorio de venezolanos hacia la Argentina se ubicó en el primer puesto -debido a la crítica situación socio-humanitaria del país gobernado por Nicolás Maduro-, desplazando así las históricas corrientes de paraguayos y bolivianos que se instalaron en el país en las últimas décadas. Hasta fines de 2018 llegaron al país unos 130 mil ciudadanos de Venezuela y la tendencia indica que otros 100 mil se instalarán este año, según estimaciones oficiales.
En los últimos días se conoció que el gobierno trabaja en una iniciativa que será enviada al Congreso para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina, que incluye la creación de una cámara -una instancia judicial específica- que investigue esos hechos.
"Tiene que ver con una modificación a nivel nacional con respecto a la actividad migratoria para tener criterios unificados. Actualmente el sistema es eterno. Necesitamos un sistema razonado, medido y equilibrado, pero ágil para un país que es receptor de inmigrantes con cifras muy importantes: 666 mil personas de todo el mundo se han radicado en Argentina en los últimos 3 años", precisó García.
Por otro lado, la dirección de Migraciones elaboró un listado con los nombres de 101 extranjeros que cometieron delitos y otros 253 que tienen infracciones a la ley migratoria, que están en condiciones de ser deportados a sus países de origen. Además hay 600 casos en los que se pedirá la "retención" para ser expulsados del país en una segunda instancia. Las expulsiones por infracciones a la ley de Migraciones o con causas penales vigentes fueron en aumento en los últimos años: 234 en el 2016, 495 en 2017 y 703 en 2018.
Las radicaciones
Entre enero y junio de 2018, de las 101.604 radicaciones que hubo, 25.445 corresponden a venezolanos (25%), lo que los ubicó en el primer lugar de la ola inmigratoria, desplazando así a la cantidad de bolivianos y paraguayos que llegan al país.