Ni piropo ni galantería: el acoso callejero es violencia de género. En la histórica marcha del 8M, las mujeres pidieron por medidas concretas para ponerle un freno al machismo. Así es que las diputadas Olga Rista, Victoria Donda y Gabriela Troiano presentaron un proyecto que pena el acoso en la vía pública con multas que van de $3000 a $30.000. “Es importante reconocer que el hecho de que el acoso callejero sea entendido como violencia es producto de la militancia diaria que todo el movimiento feminista viene llevando adelante”, dijo en un comunicado la directora del Observatorio Ni Una Menos Raquel Vivanco.
El último informe de la organización Mumalá da cuenta de la problemática: el 80% de las mujeres encuestadas manifestaron que se sienten inseguras al transitar el espacio público. “Los resultados funcionaron como un cimbronazo en la sociedad y en consecuencia, de la mano de Victoria Donda y de otras diputadas y diputados, pudimos instalar este tema en el Congreso de la Nación. Esperamos con ansias su tratamiento en el recinto”, dijo Vivanco.
El oficialismo ya había presentado su proyecto de ley contra el acoso callejero. En el dictamen, propusieron castigar con una multa $3000 a $15.000 para “el que ejerciere toda acción, con connotación sexual y unilateral, llevada a cabo a través de gestos y/o en forma verbal, realizada por una o más personas hacia otra u otras personas, basadas en el género, identidad y/u orientación sexual, llevada adelante en lugares o espacios públicos, o de acceso público, que de manera directa o indirecta afecten y/o perturben su vida, dignidad, libertad, integridad física y/o psicológica y/o el libre tránsito, creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación y/o un ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre y cuando no configure un delito más severamente penado”.
Si las personas afectadas fueran menores de 18 años la multa será de $5.000 a $25.000 pesos. El monto de dicha multa será destinado al Instituto Nacional de las Mujeres para el fortalecimiento de políticas públicas de prevención.
Fuente: La Nación