Por gestiones del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan al menos 176 inmobiliarias que hasta ahora vienen trabajando en forma irregular pasarán a ser controladas por inspectores municipales de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Es porque no están autorizadas para funcionar y si no se ajustan a la normativa vigente podrán ser clausuradas.
El antecedente es un decreto municipal, el 1.169 de junio del 2015, que establece que para lograr la habilitación comercial para funcionar en el ámbito de la Capital, una inmobiliaria debe contar con la oblea habilitante que otorga el colegio, que está autorizado por ley a conceder la matrícula de funcionamiento. Y que, en el caso de no cumplir con estos requisitos, no podrá seguir funcionando.
Ese decreto hasta ahora no se aplicó, pero ahora "hay voluntad política" para hacerlo, según dijo ayer el coordinador de Gabinete de la Capital, Sergio Mordacci.
El procedimiento incluirá primero una intimación para aquellas inmobiliarias que están actuando al margen de la ley y el castigo mayor será la clausura.
En las gestiones vino participando el presidente del colegio, Pablo Domínguez, acompañado por el vicepresidente de la entidad, Iván Orozco. E incluyeron reuniones con Mordacci y con el presidente del Concejo Deliberante, Ariel Palma.
El punto de partida para detectar las inmobiliarias que actúan al margen de la ley es un trabajo de la Comisión de Fiscalización del colegio, que determinó que en el ámbito de la Capital hay 176 de este tipo de firmas que no cumplen con las normativa vigente. Porque no tienen la oblea habilitante que otorga el mismo colegio o por haber recibido denuncias de haber actuado fuera de la ley. Por ejemplo, en operaciones de ventas irregulares de lotes, maniobras que están calificadas como estafas y que han sido denunciadas en la Justicia provincial.
La clausura no será inmediata, según aclararon desde la comuna capitalina, sino que primero habrá intimaciones y se les dará tiempo para que se ajusten a la leyes vigentes. Si no lo hacen, la pena máxima será el cierre de los locales. Los que saldrán a controlar serán los inspectores municipales de la Dirección de Comercio de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.
El control no es nuevo en el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios. Incluso desde marzo del 2019 hay una denuncia penal que cayó en el Quinto Juzgado de Instrucción en el que se pedía que se investiguen los presuntos delitos de estafa y de usurpación de título porque había inmobiliarias que no estaban registradas ni contaban con la autorización para poder funcionar.
Para trabajar en el corretaje inmobiliario en la provincia, cada local debe contar con la oblea habilitante que otorga el colegio, que es el autorizado por ley para el control y supervisión de la actividad en San Juan. La entidad tiene un tribunal de disciplina que castiga las conductas irregulares que se puedan cometer.
Incluso la institución promueve que, quien ha sido objeto de una estafa por un agente inmobiliario no autorizado, lo denuncie en la página web www.corredoresinmobiliariossj.org.
La estafa en la venta de inmuebles está penada con prisión de 1 mes a 6 años y el que simula ser agente tiene un castigo de 15 días a 1 año para ejercer actos propios de la profesión.
Inscriptas
270 Es la cantidad de inmobiliarias registradas en la provincia, según datos del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan. Una cifra similar actuaría al margen de la ley.