Los representantes de los tres poderes del Estado informaron ayer el nuevo lugar en el que se instalará la Ciudad Judicial: el terreno de nueve hectáreas de calle Scalabrini Ortiz, frente al Híper Libertad, en Capital (Ver infografía). El acto fue encabezado por el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, calculó que, con la reubicación, el inicio de la obra del primero de los tres grandes módulos comenzará en abril, el cual tendrá un plazo de ejecución estimativo de entre 24 y 30 meses. A través del fondo fiduciario armado entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, están los recursos para la expropiación del inmueble y el comienzo de las tareas, mientras que, para su continuidad, se incorporarán partidas en el presupuesto 2022. En cuanto al resto de las estructuras, "posiblemente podamos conseguir financiamiento de Nación", indicó el funcionario uñaquista. El tema del dinero no es menor, ya que la inversión de todo el complejo está cerca de los 25 mil millones de pesos. Frente a tamaño presupuesto, la modificación del destino obedeció a reducir otros millonarios costos que se hubieran producido si la Ciudad Judicial se emplazaba en la exbodega Cavic, tal cual estaba previsto.
De avanzar en el predio de la emblemática exbodega del Estado, que está en Capital, en el límite con Chimbas, Ortiz Andino explicó que se debían derribar edificios, lo que tiene un costo de 1.000 millones de pesos. Por su parte, el secretario de Obras, Alberto Demartini, dijo que son cuatro estructuras a demoler. Además, el ministro resaltó que se debía hacer una relocalización de las más de 150 familias que viven en 110 viviendas del Barrio Costa Canal I, el cual está pegado a la exbodega. En ese marco, explicó que había que buscar terrenos cercanos para trasladar a los grupos familiares y, así, evitar el desarraigo, tarea que no se pudo lograr. A eso se le suma que la construcción de un nuevo barrio hubiera implicado otros 2.000 millones de pesos. Así, había dos costos extra que se hubiesen sumado a la construcción de la Ciudad Judicial.
Para conseguir el predio de calle Scalabrini Ortiz, en el Ejecutivo iniciaron el proceso de expropiación, el cual declara al inmueble de utilidad pública y el que debe ser enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación. El Tribunal de Tasaciones se encuentra en plena etapa de valuación, la cual gira entre los 400 millones y 450 millones de pesos, dijeron las autoridades.
Se trata del segundo cambio de destino, ya que la Ciudad Judicial se había planificado como una interconexión del edificio 25 de Mayo (palacio de Tribunales) con el 9 de Julio, pero este último tenía problemas estructurales y de espacio.
Tras la conferencia de prensa, Olivares Yapur se mostró a favor de la relocalización de la Ciudad Judicial, ya que coincidió en lo problemático que hubiese resultado el traslado de las familias cercanas a la ex Cavic y lo oneroso de la demolición de los edificios. Además, resaltó lo accesible del terreno, dado que "está muy cerca de la avenida de Circunvalación". El presidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez, opinó a título personal y también hizo hincapié en lo positivo del acceso en comparación a la exbodega del Estado, al igual que el titular de la Unión Judicial, Sebastián López. Este último, además, señaló que el anuncio fue sorpresivo y que entablará diálogos con las autoridades gubernamentales para ir viendo el tema de los colectivos que transiten por la zona para el uso del personal y los trabajadores. El presidente del Colegio de Magistrados, Carlos Fernández Collado, no contestó los llamados de este medio, mientras que la vice, Ana Lía Larrea, calificó de positiva la nueva ubicación por lo que estuvo charlando con colegas jueces, ya que no pudo asistir al acto debido a que tuvo audiencias.
El complejo cuenta con tres grandes módulos, de 25 mil metros cuadrados cada uno, además de un subsuelo con 20 mil metros cuadrados. La primera de las estructuras contiene a los fueros Civil, Laboral y de Menores, la cual tiene un costo de 8.159 millones de pesos. La segunda contempla el área Penal y tiene un valor de 8.638 millones, mientras que en la tercera estará la Corte y áreas administrativas, con una inversión de 8.129 millones de pesos.