En el Gobierno provincial retomaron el proyecto de tapar el canal Benavídez después de 4 años de que se había analizado el plan, esta vez con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según confirmó el secretario del Agua, Ramiro Cascón. El costo estimado es de U$S 70 millones, que al cambio oficial representan unos $10.867 millones. Y lo quieren licitar al comienzo del año próximo.
El trabajo se dividirá en dos etapas, porque desde el dique Partidor San Emiliano hasta la calle Salta, en un tramo de 8,5 kilómetros (ver infografía), irá tapado con losetas de hormigón. Y sobre la parte superior la idea es que la gente circule porque llevará bancos y ornamentación. El segundo tramo irá desde calle Salta hasta la calle Colón, por 4,3 kilómetros y tendrá la particularidad de que irá entubado e incluso a los costados de la cañería principal irán las instalaciones correspondientes de agua potable y cloacas.
Hay varias razones para llevar adelante estos trabajos. Entre ellas evitar que la gente arroje basura, porque cuando los trabajadores de Hidráulica y de la Municipalidad de la Capital tienen que hacer tareas de limpieza, se han encontrado, además de botellas y basura en general, hasta colchones, heladeras y cocinas que la gente arrojó al cauce. Además está la cuestión de seguridad porque se trata de una corriente de agua muy caudalosa, y después está la cuestión estética porque se quiere convertir la zona como un paseo para que la gente circule sin correr ningún riesgo.
Como se trata de una obra muy costosa, en el Gobierno provincial buscaron la financiación de la entidad internacional. "Ya está el visto bueno del banco, estamos con los detalles", sostuvo Cascón. En la administración provincial el soterramiento del canal es materia pendiente porque incluso el gobernador Sergio Uñac, en su discurso anual en la Cámara de Diputados mencionó a la obra en su plan de trabajo. "Pero hemos tenido que hacerle ajustes y después apareció la posibilidad de financiación por parte del BID", explicó el secretario del Agua.
El canal Benavídez posee una extensión total de 16,5 kilómetros de longitud hasta el llamado comparto 9 de Julio, pero lo que se va a tapar primero con losetas de hormigón y después se va a entubar son 12,8 kilómetros, que son los que transcurren por zonas con mayor población.
En su recorrido cuenta con una serie de tomas laterales, entre cuyas principales se deriva agua al canal Gral. Santa Lucía, al canal Gral. Mogote y al canal Gral. Colonia. En el final del canal Benavídez se encuentra el comparto 9 de Julio, de donde surgen canales menores.
Es así que el sistema canal Benavídez involucra los departamentos de Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y 9 de Julio. Se calcula que en la zona hay unos 1.000 productores en 11.000 hectáreas de dominio directo, con derecho a riego, de las cuales unas 7.000 son hectáreas cultivadas.
El canal forma parte del sistema de irrigación del Valle de Tulum y fue construido en hormigón en el año 1950. Desde entonces, el área que sirve experimentó una significativa transformación al avanzar la urbanización sobre las zonas agrícolas periféricas a la ciudad capital. Incluso, al transcurrir por zonas densamente pobladas a lo largo de los años se han producidos una serie de accidentes, que terminaron incluso con personas ahogadas.
Ahora, el plan oficial es retomar el proyecto y por eso, según explicó Cascón, le están haciendo una serie de ajustes para adaptarlo a los requerimientos del BID, que ya le dio el visto bueno a la iniciativa.
- Líquidos cloacales tratados
Otro proyecto en el que están trabajando en la Secretaría del Agua es en usar los líquidos cloacales tratados de la planta depuradora de Cerrillo Barboza, en Rawson, para regar unas 4.000 hectáreas en los alrededores del establecimiento. La intención es que se puedan regar cultivos que no tengan llegada directa a la mesa, como la lechuga o el tomate, sino otros que puedan tener usos industriales o para un destino forestal o forrajes para alimentar animales. Se trata, por ejemplo, de álamos, eucaliptus, pistachos, viñedos, alfalfa o maíz.
Primero hace falta una ley que reglamente el uso de esas aguas tratadas y establezca el modo de distribución de los terrenos y si se cobrará un canon por el uso o se entregarán los terrenos por un tiempo determinado a cambio de la inversión en los cultivos. Elaboran la propuesta en OSSE e Hidráulica.