El cuerpo central de la causa de los "cuadernos de la coimas" donde la vicepresidenta, Cristina Fernández, está procesada por supuesta asociación ilícita en la maniobra de cobros de retornos a cambio de obra pública, parece que seguirá en pie, mientras otras causas conexas se van cayendo a pedazos. Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó por mayoría la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la llamada "causa cuadernos", al rechazar recursos de las defensas de procesados en la causa, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
La clave del fallo es que la Cámara de Casación resolvió que la Ley del Imputado Colaborador es constitucional y así le propinó un duro golpe a la estrategia K para voltear el caso. Así, con el fallo del máximo tribunal penal, el expediente seguirá su curso hacia el debate oral.
En un fallo de 200 carillas al que tuvo acceso Télam, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña desestimaron los planteos de las defensas para declarar la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido e invalidar los dichos de quienes fueron aceptados como imputados colaboradores en la investigación.
Los jueces, con la disidencia de la tercera camarista Ana María Figueroa, consideraron que será en la etapa de un futuro juicio oral donde "con la amplitud probatoria propia del debate, serán dirimidos todos los planteos que puedan surgir para el supuesto de que en algún caso concreto se verifique afectación de garantías constitucionales".
"Es menester reiterar que la alegada defectuosa registración de las declaraciones recibidas en el marco del acuerdo de colaboración -art. 6 de la Ley 27304- no afecta la validez del acto en sí", consideró el fallo al rechazar planteos vinculados a la falta de registro fílmico o de audio de esas confesiones. Sin embargo, los jueces sí advirtieron que la falta de registro de las declaraciones de los imputados colaboradores "podría incidir, en su caso, con mayor o menor intensidad en las distintas etapas en que deba ser evaluado para determinar las responsabilidades penales de los aquí imputados".
En la investigación está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de De Vido, entre otros exfuncionarios de su gobierno y empresarios vinculados a la obra pública además del arrepentido Oscar Centeno, cuyas anotaciones en cuadernos derivaron en una investigación judicial de grandes proporciones.
Todos fueron enviados a juicio oral por los presuntos delitos de asociación ilícita y cohecho.
En esta causa en la que Cristina Kirchner está procesada y enviada a juicio oral como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales, cuenta con 31 imputados colaboradores. Se trata, según la Justicia, del mayor "escándalo de corrupción de los últimos 20 años" en Argentina.
En su voto minoritario, la camarista Figueroa consideró que debía dictarse la nulidad de las declaraciones de todos los imputados colaboradores en el marco de la ley 27.304, del Arrepentido, por "violación al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa" y por las "deficiencias procesales" en la investigación que estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio.