El juez Sebastián Casanello procesó al empresario Lázaro Báez y a otros 26 imputados por integrar una banda dedicada al blanqueo de capitales entre los años 2010 y 2013.
El magistrado investiga dos docenas de hechos de lavado, que habría permitido a los imputados canalizar 60 millones de dólares a través de un entramado societario offshore, con cuentas bancarias en Suiza.
En la resolución, Casanello dio cuenta de cómo durante los últimos meses del año 2010, Báez -hoy detenido en el penal de Ezeiza- inició un esquema de lavado de activos de dinero ilícito, a través del "valijero" Leonardo Fariña, usando a su vez financieras del microcentro porteño.
En enero de 2011, Fariña, con dinero de Báez, adquirió a Federico Elaskar la financiera SGI Argentina, con oficinas en Puerto Madero. Desde allí dirigían las operaciones de lavado de la banda y gestionaron la formación de una estructura jurídica y bancaria fuera de la Argentina para albergar el dinero.
Según pudo determinar el juez, este dinero era resguardado mediante un entramado societario y bancario en varios países, como Suiza, Panamá, Belice, Uruguay, España, y los Estados Unidos. Luego, a través de una maniobra fraudulenta, Baéz reingresaba al país una parte, con el auxilio de la sociedad suiza Helvetic Services Group, mediante la compra en el extranjero de bonos de la deuda pública argentina.