Casi 8 años después, un tribunal tiene la intención de cerrar con una sentencia un caso con mucha polémica: el que involucra a un importante bodeguero, hoy de 70 años, que el 20 de enero de 2016 fue denunciado por abusar de su propio hijo (tenía 2 años y 7 meses) y otros dos nenes que tenían 11 años y son hijos de su expareja. Los jueces Víctor Hugo Muñoz Carpino y los subrogantes Juan Carlos Caballero Vidal y Andrés Abelín Cottonaro (Sala I, Cámara Penal) tienen como objetivo juzgar al empresario antes de culminar este año, dijeron fuentes judiciales.
Pero ya al citar a las partes a juicio se produjo una situación que fue una constante durante todo el proceso: los múltiples planteos y recursos de la defensa del bodeguero (no identificado para preservar a los menores). Según las fuentes, el tribunal deberá resolver un planteo de nulidad antes de proseguir con otros pasos en la causa, previos a ponerle fecha al inicio de audiencias.
El imputado, que también es abogado, pasó casi 2 años preso. Y llega a juicio acusado de cometer abusos sexuales gravemente ultrajantes y la corrupción sexual de los tres chicos.
Todo empezó cuando la madre del propio hijo del acusado denunció que un día, a la hora de almuerzo, vio al niño tomarse los genitales y, pensando que quería ir al baño, lo interrogó. El niño -dijo- aludió con sus propias palabras a que si ella le iba a practicar sexo oral como hacía su papá.
Esto también lo escucharon sus hermanos menores, a los que la mujer interrogó obteniendo como respuesta que también habían atravesado experiencias de manoseos y otras prácticas de abuso. Incluso constató en un centro médico que no habían sido violados, consta en el expediente. En sus declaraciones, la mujer y los hijos relataron diversas situaciones de violencia a manos del empresario, en los momentos en que convivieron.
En su defensa, el bodeguero negó que hubiera existido tal convivencia y que la denuncia en su contra fue una "burda mentira, un intento por desprestigiarlo y una venganza", porque había dejado de pagar la obra social de los hijos mayores de la mujer, algo que hacía por "generosidad".
También dijo que buscaría el "más amplio resarcimiento" y que su ex fuera investigada "por falsa denuncia". Que conocía episodios de violencia en la familia de ella y que le pareció "repugnante" que el abuelo de su hijo lo saludara con un beso en la boca. Pidió sin éxito -dijo- encuestas ambientales en ese familia.
O que interrogaran a su niño sobre su relación con el abuelo u otros mayores de esa familia, porque sospechaba que podían estar encubriendo a alguien más.
Definió a su ex como una paciente "psiquiátrica crónica, depresiva y con crisis de pánico, con conductas violentas e irracionales", como aquella vez que amenazó con lanzar al niño desde el balcón de un 5to piso si no le daba plata para un aborto de otro hijo que esperaba de él.
"Con ella tuve una relación tóxica que me arruinó la vida", precisó. De ambos lados, hay múltiples denuncias cruzadas.
A través de sus abogados Marcelo Fernández y Franco Montes, más otros profesionales que contrató en Buenos Aires, cuestionó a Inés Rodríguez, la psicóloga que entrevistó a uno de los niños con el sistema de Cámara Gesell. Y hasta consiguió que esa profesional fuera inhabilitada durante 6 meses por el Colegio de Psicólogos para interrogar a menores, porque supuestamente los inducía en las respuestas.
Sin embargo la Corte de Justicia intervino en el caso y repuso a la profesional en su puesto, con el argumento de que el colegio de psicólogos no podía inmiscuirse en las pruebas de una causa penal.