El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó ayer a declaración indagatoria a 49 acusados. Entre ellos, el detenido exministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, el empresario Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri) y el “lobbista” Jorge “Corcho” Rodríguez.
Serán indagados en la investigación por presunto pago de sobornos para adjudicar el soterramiento del tren Sarmiento a un consorcio de empresas integrado por la brasileña “Odebrecht” durante el kirchnerismo. La lista de 49 acusados incluye al sanjuanino Julio “Tito” Montaña, quien debe declarar por el rol que ocupaba como exsubsecretario de Transporte de la Nación en la era kirchnerista.
Martínez De Giorgi citó a los exsecretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime (detenido) y Juan Pablo Schiavi, al exfuncionario de Planificación Roberto Baratta, y al exsecretario de Obras Públicas José López. También serán indagados integrantes de Iecsa SA, Ghella SA, Odebrecht y Caesa SA, las empresas del consorcio que se adjudicó las obras. La ronda de indagatorias arrancará el 6 de junio próximo a las 11 con De Vido.
La investigación comenzó en marzo de 2016 por una denuncia de Graciela Ocaña a raíz de informes surgidos en medio del escándalo brasileño del “Lava Jato”, el pago de multimillonarios sobornos de Odebrecht para adjudicarse obra pública en distintos países. El juez advirtió que “se observa que, en lo que respecta a la obra del Sarmiento, por el momento, se ha podido distinguir que los pagos en cuestión se habrían materializado de dos maneras”. La primera: “pagos a la empresa Caesa por servicios de consultoría presuntamente inexistentes” y la otra, “mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por Odebrecht, materializadas hacia cuentas en el exterior a nombre de empresas offshore”. Martínez De Giorgi concluyó que “se puede vislumbrar un vínculo entre las irregularidades de la Secretaría de Transporte” para el soterramiento “con los pagos a la firma Caesa SA y los pagos indebidos que Odebrecht confesó haber efectuado a funcionarios argentinos de este país”.