El expediente en el que al final se confirmó el procesamiento contra un hombre acusado de violar a su hijo estuvo cerca de un año y cinco meses en la Sala III de la Cámara Penal, demora que resultó determinante para que se consumiera gran parte de los dos años que fija la ley para que un imputado pueda permanecer con prisión preventiva. Si bien la Corte de Justicia les hizo un severo llamado de atención a los tres jueces que integraron el tribunal para resolver dicho caso, fuentes judiciales aseguraron que el origen del atraso estuvo en uno de ellos: la camarista Graciela Del Pie, presidente de la Sala y quien era la encargada de fundar el primer voto. Este medio quiso contactar a la magistrada, pero se encuentra de licencia médica desde principios de junio. El tema fue que por el paso del tiempo en la tramitación de la causa, el tribunal que va a realizar el juicio prorrogó por un año la detención provisoria del sospechoso, pero la Corte lo rechazó porque no se dieron las circunstancias excepcionales que permiten dicha extensión sino que se debió a la morosidad judicial.
Los restantes camaristas prefirieron no hablar, pero las fuentes señalaron que a Eugenio Barbera le tomó apenas unos días emitir su voto luego de Del Pie, adhiriendo a la confirmación del procesamiento. El otro vocal, Maximiliano Blejman, no intervino en el recurso de apelación, ya que había llevado adelante la investigación contra el imputado cuando era juez de primera instancia. El que lo reemplazó fue Juan Carlos Caballero Vidal (h), de la Sala II, pero las fuentes destacaron que su voto no insumió más que unos pocos días.
No es lo único que trascendió de la situación de Del Pie, ya que en los informes que la Sala III le elevó a la Corte antes del inicio del receso invernal figura que la magistrada tiene 20 expedientes a resolver, mientras que Blejman tiene cuatro y Barbera, cinco.
En la práctica, un severo llamado de atención no queda registrado en los legajos de los magistrados y funciona como una especie de reprimenda.
Los camaristas resuelven juicios y apelaciones.
El caso se gestó en noviembre de 2014, cuando la madre del chico de siete años denunció al padre por la presunta violación. Desde el Cuarto Juzgado de Instrucción recabaron las pruebas, como el examen médico, la declaración de la víctima en Cámara Gesell y los informes psicológicos, entre otras, y en junio de 2016 se dictó el procesamiento con prisión preventiva contra el sospechoso. A partir de esa fecha comenzó a correr el plazo de dos años en el que una persona puede estar detenida provisoriamente. El abogado Gustavo De la Fuente apeló dicha resolución ante la Sala III y la definición que culminó con la ratificación de la decisión de primera instancia demoró alrededor de un año y cinco meses. La causa fue elevada a juicio a la Sala II, en la que se prorrogó la prisión preventiva por un año. De la Fuente cuestionó el fallo y la Corte le dio la razón. Los ministros entendieron que la prórroga sólo puede darse ante casos complejos, de difícil investigación por la multiplicidad de hechos e involucrados, cosa que no sucedió en esa causa, ya que el sospechoso fue identificado desde un principio y todas las pruebas fueron recolectadas, explicaron las fuentes. Por eso, el máximo tribunal rechazó la extensión de la detención y ordenó la liberación del procesado, aunque fijó medidas para proteger a la víctima, como la prohibición del imputado de acercarse al menor y a su entorno en un radio de 500 metros y que lleve una pulsera electrónica, entre otras. El juicio es el 6 de agosto, en el que el sospechoso puede volver a la cárcel.