Osvaldo Acosta, uno de los dueños de Electroingeniería, quedó detenido este lunes luego de declarar en indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio.
El empresario presentó un escrito negando los hechos que se le imputan; había sido citado por un desprendimiento de la causa de los cuadernos de la corrupción, que investiga la cartelización de la obra pública.
Por el expediente iniciado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, ya se encontraba detenido Gerardo Ferreyra, la otra cara visible de Electroingeniería, la constructora que creció gracias a los negocios que le cedió el kirchnerismo y que incluso llegó a ingresar en el mercado de medios de comunicación.
Ferreyra admitió haber entregado bolsos con dinero a dirigentes del Frente para la Victoria en virtud de su "formación y valores". Dijo además que los pagos se hacían en pesos porque "los dólares son un instrumento de dominación que exarceban el consumismo". Infobae publicó los aspectos más importantes de su declaración.
Bonadio ordenó además la detención de Gustavo Dalla Tea, presidente de la compañía Supercemento SAIC, también citado esta mañana en los tribunales de Comodoro Py.
Personal de la Policía Federal Argentina procedió a detener a los imputados en el juzgado y realizar los trámites de rigor antes de su traslado.
El magistrado federal citó a indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y a integrantes de casi todas las empresas que realizaron obra pública civil entre 2002 y 2015.
Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, fue quien se declaró culpable de haber organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Había sido presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y confesó haber armado un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.
Otro arrepentido que dio información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública fue el financista Ernesto Clarens. Es que las coimas acordadas por los funcionarios y los empresarios se pagaban en sus oficinas. El financista confesó que cobró dinero en pesos, lo pasó a dólares y lo entregó a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens -citado a indagatoria- también entregó planillas que -según dijo- le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad y en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que cada empresa debía pagar de coimas.