Una constitución chilena que prohíbe la propiedad privada y permite el aborto en el noveno mes de embarazo, firmas privadas contando votos, además de una avalancha de presos y migrantes recién llegados votando en el referendo constitucional. Estos asuntos se han vuelto tendencia en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok y Whatsapp cuando los chilenos se alistan para decidir sobre una propuesta de nueva constitución el 4 de septiembre, pero todas las aseveraciones son al menos inexactas.
Casi un 80% de los chilenos aprobó redactar una nueva constitución en 2020, un año después de que violentas protestas contra la desigualdad sacudieron al mayor productor mundial de cobre.
Pero el apoyo ha disminuido y las encuestas muestran que es probable que los votantes rechacen el nuevo texto. La constitución propuesta, escrita mayormente por independientes y progresistas, está fácilmente disponible en las calles, en línea o en formato podcast. El texto se centra en los derechos sociales y el medio ambiente, y es un cambio radical de la actual carta magna orientada al mercado, que se originó durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"La mayor parte de la información errónea durante el último año se centró en quienes estaban redactando el documento, pero a inicios de julio se volcaron al nuevo texto".
Paulina Valenzuela, estadística y socia gerente de la encuestadora Datavoz, dijo que la mayor parte de la información errónea durante el último año se centró en quienes estaban redactando el documento, pero a inicios de julio se volcaron al nuevo texto, después de que se completó. "Más que falsas, son medias verdades", señaló. "Hay que hacer una interpretación del texto, de cómo se debería interpretar la norma o el artículo".
Agregó que es difícil cuantificar qué impacto tiene la desinformación en los sondeos, pero el 65% de los encuestados informaron haber encontrado información errónea en la última semana de julio.
Fabián Padilla, quien fundó Fact Check CL, un sitio de verificación de hechos que comenzó durante las protestas de 2019, dijo que los sitios no pueden declarar falsas las interpretaciones legales, a diferencia, por ejemplo, de afirmaciones médicas evidentemente falsas que circularon durante la pandemia.
Con el covid "la desinformación era bien consistente en repetir los mismos patrones, algunos muy absurdos. Pero con el texto constitucional, yo digo que hay mucho que debatir", dijo. Así, hay que consultar a expertos legales y además se requiere de más tiempo para verificar.
"Nos duele mucho cuando nos cuesta un "check" y nos demoramos días. Sabemos que un día más a ese nivel de viralización, son cuantos millones de visitas más", agregó.
En tanto, el profesor del departamento de informática de la Pontificia Universidad Católica de Chile Marcelo Mendoza ha estudiado por años la propagación de desinformación. Las afirmaciones falsas sobre la nueva constitución viajan tres veces más rápido en Twitter que las noticias de los medios acreditados, sostuvo al comentar que tienen la mayor parte de su impacto dentro de las 24 horas, un período que las empresas de redes sociales luchan por superar. "Siempre están llegando tarde", dijo Mendoza.
El propio plebiscito y el estatal Servicio Electoral (Servel) también han sido objeto de desinformación. El jefe del organismo, Andrés Tagle, dijo que este es el quinto proceso electoral en el que han sido cuestionados, y agregó que los ataques se han caracterizado por una intensidad creciente y un efecto acumulativo en la confianza pública.
Meta, matriz de Twitter y Facebook, dijo que ha estado trabajando activamente con el Gobierno chileno y los verificadores de hechos para ayudar a detener la propagación de información errónea.
Por Alexander Villegas
Agencia Reuters