La Cámara de Apelaciones de Mendoza confirmó el procesamiento contra los dos "pirquineros" imputados.
Lo que vieron unos gendarmes el 24 de febrero pasado al llegar al Cerro Zancarrón, a unos 50 kilómetros de la mina Veladero, en el límite con Chile, les llamó la atención. Es que, junto a personal de la empresa Barrick, divisaron una camioneta blanca con tres personas a bordo en plena cordillera, en una zona inhóspita y a más de 4 mil metros de altura. Encima, apenas detectaron la presencia de los uniformados, emprendieron rápidamente la huida hacia territorio trasandino y dejaron, en el lugar en el que habían estado, varias pertenencias, como herramientas manuales, una máquina de pala cargadora de mediana dimensión, un martillo percutor, una amoladora, un grupo electrógeno, palas, barretas y cables. Es decir, todo lo necesario para extraer rocas que contienen oro y otros minerales, los que luego suelen ser sometidos a un tipo de minería artesanal denominada "pirqueo". Unas horas más tarde, las autoridades observaron como los implicados regresaban al sector ubicado en suelo sanjuanino desde el vecino país, como buscando recuperar sus elementos. Así, los gendarmes dispararon un operativo en el que detuvieron a Alfredo Hernán Cáceres Caballero (57) y Gustavo Javier Manterola Álvarez (44), ambos oriundos de Chile, mientras que el tercero logró fugarse. Por ese hecho, el juez federal Leopoldo Rago Gallo los procesó con prisión preventiva por tentativa de contrabando, con el agravante de que participaron tres personas y por haber importado o exportado mercadería en horas y lugares no habilitados. Tras la apelación, la resolución fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza.
De esa forma, Cáceres Caballero y Manterola Álvarez van camino al juicio y, de ser encontrados culpables, podrían sufrir una pena de hasta 10 años de prisión. Incluso, según consta en el fallo judicial, los imputados están tras las rejas a la espera del debate oral y público.
De acuerdo a los especialistas, la presencia de "pirquineros" chilenos en territorio sanjuanino es más común de lo que se cree, aunque es poco habitual encontrarlos cuando están llevando adelante las tareas de extracción. Incluso, las fuentes consultadas indicaron que hay que remontarse hasta la década del "90 para recordar un caso similar.
El hecho de que chilenos ingresen a San Juan de manera ilegal con el objetivo de extraer piedras que contienen oro radica en que en la zona del cerro Zancarrón existe una pequeña veta minera de gran concentración. De hecho, hasta la década del "80, en ese lugar trabajó una empresa que logró hacer túneles para extraer el mineral. Los vestigios de esa mina son usados por los contrabandistas.
Que dichas personas puedan desarrollar tal trabajo sin ser detectados, en la mayoría de los casos, se deba a la falta de accesos para llegar al lugar y porque Gendarmería no tiene los recursos suficientes para poder controlar toda la extensión de la cordillera. Al parecer, según indicaron las fuentes, la detención de Cáceres Caballero y Manterola Álvarez se dio porque los uniformados estaban llevando adelante un control de los hitos limítrofes y fue en ese lugar en el que hallaron las pertenencias y, después, a los contrabandistas. Desde el punto de vista económico, una fuente dijo que los "pirquineros" pueden llevarse hasta unos 200 kilos de roca por vez y que de dicha cantidad pueden extraer hasta unos 500 gramos de oro, lo que implica poco más de 17 onzas. En febrero, el mineral cotizaba a 1.300 dólares la onza, por lo que, de haber concretado el contrabando, habrían obtenido unos 22.100 dólares. Si el hecho se hubiera producido hoy, la cifra alcanzaría los 33.500 dólares, lo que hubiera representado unos 4.300.000 pesos, la cotización del dólar blue.
Los detalles del caso en la Justicia Federal
eran aptos para la detonación, por lo que no fueron imputados por ese delito.
Según figura en el expediente, al haber ingresado de manera ilegal con pertenencias, Cáceres Caballero y Manterola Álvarez incurrieron en un delito tipificado en el Código Aduanero del país. De hecho, desde el Juzgado Federal requirieron a Migraciones datos sobre los imputados, lo que arrojó que "no se registran movimientos en la fecha de los sucesos. Tampoco existe registro aduanero del ingreso temporal de las máquinas y/o herramientas secuestradas también en territorio argentino". Así, las autoridades judiciales locales y de la vecina provincia entendieron que "podría afirmarse que, en este primer tramo de la causa, se consuma el delito de contrabando, ya que se ingresaron maquinarias y herramientas al territorio argentino por un paso no habilitado, sin permiso ni documentación que lo avale".
Dicha conducta de ingresar máquinas y herramientas al territorio argentino, como así también la de extraer material mineral hacia el vecino país por un paso no habilitado para ser comercializado en el mercado informal, refleja la "intención de ocultar dicho ingreso/egreso y la actividad a las autoridades aduaneras, toda vez que, sin permiso habilitante, dicha extracción del mineral habría quedado inmersa en la absoluta clandestinidad vulnerando la regulación y el control que las aduanas deben ejercer sobre el ingreso y egreso de mercaderías". Entre los materiales que se incautaron figura un generador marca Torine, modelo hh2800, motor 6500 mh; una pala marca Truper; un martillo percutor eléctrico marca Makita; una amoladora con su respectivo disco de corte; dos martillos; dos linternas tipo minera; dos mechas de martillo percutor; una barreta de metal; dos mascaras de oxígeno marca Niosh y dos cables tipo taller.