La exintendenta de Rivadavia, Ana María López, su marido y su hija, quienes la acompañaron en su gestión, y un exfuncionario deberán devolver de sus bolsillos 81 mil pesos en total. Así lo indica la resolución del Tribunal de Cuentas que trascendió ayer, en la que se les declara la responsabilidad patrimonial por irregularidades administrativas en la construcción de un Centro Integrador Comunitario (CIC) en el departamento.
El organismo los encontró responsables de no custodiar los materiales que ingresaron a la comuna y de haber certificado obra que no se realizó. De hecho, el edificio quedó incompleto. Con el fallo, ahora Fiscalía de Estado debe tramitar el cobro e inclusive puede denunciar a los implicados si considera que hay pruebas que demuestren un perjuicio patrimonial, explicaron fuentes calificadas.
El Tribunal, el órgano encargado del control posterior del gasto público, analizó la llamada cuenta 2015 del municipio (el último período de la administración de Ana María) y encontró anomalías en la construcción del CIC, por lo que no aprobó el ejercicio. Las exautoridades departamentales hicieron sus descargos, pero de todas formas el órgano consideró que no fueron salvadas.
El Centro Comunitario estuvo en el ojo de la tormenta desde que asumió el actual intendente, el basualdista Fabián Martín, ya que se topó con la obra inconclusa. Es más, armó una comisión especial que llegó a las mismas conclusiones que el Tribunal de Cuentas, pero no avanzó en la presentación de una denuncia.
De acuerdo a las fuentes, el proyecto del CIC se presentó en octubre de 2013 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para su financiamiento, repartición que envió un aporte inicial en julio de 2014. Con fondos nacionales y propios, la administración de Ana María compró ladrillones, hierros, cemento, grifería y cerámicos. De los materiales que entraron al municipio y entre lo que se utilizó y estaba en los depósitos, surgió un faltante de cerca de 44 mil pesos.
Disposición
El Tribunal de Cuentas emplazó a los exfuncionarios para que dentro de los 15 días de comunicada la resolución, depositen el importe de los cargos en la cuenta bancaria del municipio en el Banco San Juan. Si no lo hicieren, dice la resolución, se remitirá el expediente para la ejecución del cobro.
En la primera instancia de la investigación administrativa, el órgano de control le formuló cargos (imputación) por ese monto a la exintendenta, a su marido, Alberto Herrera, quien fuera subsecretario de Obras; a su hija, María Fernanda Herrera, quien se desempeñara como directora de Obras, y al exsubdirector de Compras, Alejandro Bruzzichelli. ¿El motivo? El incumplimiento en la conservación e integridad y la falta de individualización de los bienes ingresados al municipio por parte del personal responsable.
El abogado de Ana María, su hijo y concejal Facundo Herrera, realizó el descargo y presentó documentación, pero según el Tribunal, sólo se justificó la utilización y la existencia de materiales por poco más de 23 mil pesos, por lo que quedó una diferencia sin explicar de casi 20.198 pesos. Es decir, los cuatro implicados deberán pagarle al municipio 5.049 pesos cada uno.
El otro punto tiene que ver con el hecho de haber certificado y pagado trabajos que no se ejecutaron en el contrato celebrado entre el municipio y la cooperativa San Juan de León Limitada, indicaron las fuentes. El monto ascendió a 60.563 pesos y para el Tribunal los responsables fueron Herrera, su hija y Bruzzichelli. En ese caso también se hizo el descargo, pero los auditores evaluaron que las explicaciones ni los documentos pudieron salvarlo. Así, a los tres se les sumará 20.187 pesos para cada uno.
Los castigados pueden plantear un recurso de reconsideración ante el Tribunal o recurrir a la Corte de Justicia.