El caso había resultado un escándalo porque la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, había intervenido, por presuntas irregularidades, a la Comisión Médica 26, la entidad con sede en San Juan que dictamina el porcentaje de incapacidad de los trabajadores ante un accidente laboral (Ver recuadro). No fue lo único, ya que había denunciado en julio de 2017 en la Justicia Federal la supuesta connivencia entre el policía que custodiaba el organismo, quien les recomendaba a los accidentados dos abogados, los que, a su vez, tenían contacto con dos médicos para conseguir montos elevados en los niveles de invalidez. Así, el trabajador pagaba honorarios por un resultado garantizado, lo que se repartía supuestamente entre los involucrados. La investigación se puso en marcha, pero los cinco imputados están a un paso de quedar desligados, ya que el juez Leopoldo Rago Gallo les dictó falta de mérito debido a que, después de los descargos y las pruebas recolectadas, no se han acreditado "irregularidades que permitan confirmar la existencia de una red entre los implicados tendientes a obtener dictámenes favorables de terceros, ocasionando perjuicio económico al erario nacional", según consta en el expediente.
El fallo salió la semana pasada y contiene la falta de mérito en favor del médico Alejandro Vázquez y su colega Maris Dalinda Alferillo, el policía Juan Carlos Ruiz y los abogados Sergio y Alejandra Gómez. La resolución implica una etapa intermedia hasta que surjan pruebas que conduzcan a un procesamiento (probabilidad de responsabilidad penal) o un sobreseimiento, la desvinculación definitiva. Tras cuatro años y siete meses, es difícil que aparezcan nuevos elementos que compliquen a los denunciados, por lo que van camino a quedar desligados. Inclusive, circuló que la SRT, que es querellante, no apeló la sentencia del juez federal.
Según trascendió, el magistrado analizó seis expedientes y observó que los médicos "habían dictaminado conforme la normativa aplicable" y que dispusieron "que no correspondía continuar con prestaciones por parte de la ART". Los abogados Gómez apelaron a la Comisión Médica Central (la instancia administrativa de revisión), la que terminó confirmando las resoluciones de la Comisión Médica 26. Además, en otros cuatro trámites apelados por los abogados, el organismo superior "rectificó lo actuado" por la entidad local y aplicó porcentajes mayores de incapacidad.
De esa forma, Rago Gallo destacó en el fallo que "no surge que se hayan fijado porcentajes más altos de los que hubiera correspondido, según lo que indica la Ley de Riesgos de Trabajo", que tampoco se "ha advertido casos en los cuales los porcentajes de incapacidad otorgados hayan sido de mayor cuantía que los que hubiera correspondido", a lo que se agrega que los dictámenes de los médicos "fueron revisados por el superior y, en muchos casos, se los ratificaba y, en otros, se los modificaba otorgándole a las personas aún mayor incapacidad". Así, también indicó que "no surge que los médicos no se ajustaran al trámite legal y que hubieran favorecido a los clientes representados por el estudio Gómez".
Fruto de la intervención y la denuncia radicada por la SRT, un médico renunció y la otra fue cesanteada, según había trascendido en su momento.
Falta de mérito
El Código Procesal Penal fija la falta de mérito cuando el juez estima que no hay elementos suficientes para ordenar el procesamiento, ni tampoco para definir un sobreseimiento, sin perjuicio de seguir adelante con la investigación.
Tiempo
Desde que se encendieron las alarmas dentro de la Comisión Médica hasta la resolución judicial de esta semana, han pasado casi cinco años. La denuncia se presentó en julio de 2017, mientras que la encuesta de satisfacción se dio en abril de ese año.
Investigación interna
Luego de las supuestas anomalías que expuso una mujer tras una encuesta de satisfacción, la SRT llevó adelante una investigación interna que tuvo consecuencias, ya que renunció el médico Alejandro Vázquez y su colega Maris Dalinda Alferillo terminó despedida, según había trascendido en su momento. La Comisión Médica había sido intervenida por "presuntas irregularidades administrativas detectadas en los trámites médicos que se gestionan en esa entidad provincial", según se resaltó en un comunicado oficial. La intervención fue una medida inédita porque fue la primera vez en el país que se separaba de sus funciones (no de sus cargos) a todo el personal de una entidad médica. En un principio, la medida estaba prevista sólo por un mes, pero, finalmente, duró poco más de dos. Internamente, se llevó adelante un sumario y, mientras se sustanciaba, Vázquez presentó su renuncia. En el caso de Alferillo, fue cesanteada bajo el argumento de que los dictámenes de porcentajes de incapacidad de algunos trabajadores fueron irregulares y que no se ajustaban a la normativa. Sin embargo, el fallo judicial reveló que no se detectaron irregularidades.