A la crisis que tiene la provincia en materia de vivienda, porque Nación no envía los fondos a las empresas que tiene en manos la ejecución de barrios, se suma otro sector clave, el de saneamiento y agua potable. El presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol, confirmó que la administración central adeuda recursos por dos programas: aquellas obras que se ejecutan con fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); y aquellas que dependen de Recursos Hídricos. Por el primero, "existe un atraso de pagos de entre 90 a 120 días, cuando la ley de obra pública establece 60 días", lo que implica una deuda de unos 700 millones de pesos, indicó el funcionario. Además, dijo que "por esa situación, provincia nos está apoyando con recursos propios para que nosotros podamos pagarles a las empresas y, así seguir avanzando". Sobre el segundo, Sirerol indicó que el escenario es complejo y puede impactar en la obra del Acueducto Gran Tulum. Si bien Nación paga los certificados en tiempo y forma a las empresas, lo hace sin las actualizaciones (redeterminaciones), las que están atrasadas en "más de un año", cuando la inflación de 2022 cerrará casi en un 100 por ciento. Con ese rojo, las empresas no cuentan con unos 300 millones de pesos necesarios para instalar equipos en la planta potabilizadora de Punta Negra. Así, en términos globales, la deuda de Nación asciende a unos 1.000 millones de pesos.
Al igual que en viviendas (ver recuadro), la gestión uñaquista está al tanto de la delicada situación. Incluso, por los recursos faltantes de ENOHSA, el Ejecutivo firmó un convenio con OSSE, lo que le permite enviarle fondos a la repartición estatal, y esta, a su vez, pagarles a las empresas. Una vez que Nación hace la liquidación, OSSE devuelve los recursos a las arcas provinciales. En ese marco, de los 700 millones de pesos adeudados, la provincia le girará a la entidad sanitaria 380 millones de pesos, para que luego sean reintegrados. Los aportes provinciales estarán destinados a mantener la ejecución de la "Ampliación y Optimización del Subsistema Cloacal Rawson y Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales (PTLC) Cerrillo Barboza", que tiene un avance de casi el 70 por ciento, a las cloacas de Rivadavia y también de la Avenida Ignacio de la Roza.
Por los fondos de Recursos Hídricos, cuyas actualizaciones tienen demoras de más de un año, Sirerol indicó que "si uno hace el cálculo, las empresas están cobrando el 60 por ciento del valor de la obra. Con lo cual, el desvío es importante". Por eso indicó que "tenemos que tener más foco para que esas obras no se paralicen", como la obra civil del Acueducto Gran Tulum y también el Acueducto de El Tambillo. En ambos casos "provincia no nos puede ayudar porque no se paga a través de OSSE sino que Nación paga directamente a las empresas". Lo único que puede hacer la provincia es realizar gestiones para que las redeterminaciones se paguen. Si eso no ocurre "vemos problemas en el corto plazo, ya que, para avanzar en la planta potabilizadora de Punta Negra, las empresas tienen que hacer un inversión de unos 300 millones de pesos", y no los tienen. El plazo límite que tienen las empresas a cargo de las tareas es este mes, por lo que desde OSSE están esperanzados en que Nación reconozca el retraso. Por las gestiones "se han aprobado redeterminaciones de precios a mayo de 2022. Es un avance, pero no es la solución", dijo Sirerol.
Acueducto
El "Acueducto Gran Tulum" es la megaobra que beneficiará, a futuro, a una población superior al millón de habitantes. Se optimizará el servicio en el Gran San Juan y en también de departamentos como Zonda y Ullum. Para eso, se está construyendo 18 acueductos, que a la fecha tienen un 60 por ciento de avance de obra.
Asistencia
380 son los millones de pesos que tiene previsto girar la provincia a OSSE para que las obras de saneamiento de ENOHSA no se paralicen. Luego OSSE devuelve los recursos.
Unas 2.700 casas en riesgo
Desde la provincia, y también desde las empresas, confirmaron que hace unos dos meses que Nación no envía los fondos a las empresas que tienen en manos la ejecución de viviendas del programa Casa Propia. La situación afecta a todo el programa, unas 2.700 casas, por un monto que alcanza los 1.800 millones de pesos. Al igual que con los fondos de Recursos Hídricos y OSSE, por el Plan Casa Propia, Nación liquida los recursos directamente en las cuentas bancarias de las empresas, por lo que la provincia no puede intervenir y dar una asistencia. Sobre el tema, el ministro de Obras, Julio Ortiz Andino, había indicado que el problema es que "Nación pasó de pagar a 20 días a entre 40 y 50", por lo que "estamos gestionando una línea especial en el Banco San Juan" para que las empresas cambien los certificados con un descuento bonificado. Si bien podría ser un paliativo, por lo bajo las empresas lo ven difícil porque la tasa a pagar rondaría el 50%.