El oficialismo logró una victoria política el último día de sesiones extraordinarias al aprobar con 134 votos a favor la ley de plan de pago de deuda previsional (conocido popularmente como moratoria previsional). Durante febrero solo se aprobarán dos proyectos de los 27 que el Poder Ejecutivo incluyó en el temario; sin embargo, el Frente de Todos logró evitar el fiasco del año pasado, cuando no pudo sesionar por falta de consenso.
El temario fue deliberadamente acotado para garantizar el apoyo de los bloques más chicos que no forman parte de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos aceptó no incluir ningún proyecto de la agenda judicial a cambio de obtener el quórum.
Minutos antes de las 11, cuando casi se vencía el plazo para llegar al mínimo de 129 diputados, los aliados del oficialismo bajaron al recinto. Los últimos fueron los bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño del Interbloque Federal. Sus compañeros de bancada, los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein, lo habían hecho poco antes.
El oficialismo también logró sumar a los cuatro diputados del Frente de Izquierda —Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Myriam Bregman— y a los legisladores del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, Diego Sartori, Agustín Domingo y Carlos Fernández.
Los tres diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, no aportaron para el quórum pero finalmente votaron a favor del proyecto.
Antes de que comience el debate del proyecto de moratoria, la oposición presentó varios pedidos de apartamiento del reglamento y cuestiones de privilegio contra el oficialismo por el juicio político contra la Corte Suprema y en repudio a los carteles que aparecieron en las oficinas de ANSES con las caras de los diputados que rechazan el proyecto previsional
“Han empapelado las oficinas de ANSES con carteles con las fotos de muchos legisladores. No sólo es fascista sino totalmente mentiroso”, dijo el diputado de Evolución Martín Tetáz, y aseguró que estaban limitando su derecho a votar con libertad.
“Si no les gusta cómo pienso, preséntense a elecciones y junten votos. Esa es la manera de proceder”, desafió.
En la misma línea, Graciela Camaño criticó al Sindicato de Trabajadores Seguridad Social, que hizo y pegó los afiches, por su actitud antidemocrática.
La diputada bonaerense también le reclamó a las autoridades de la Cámara que expulsen del palco al secretario general de ese gremio, Carlos Ortega. El hombre discutió a los gritos con algunos miembros de Juntos por el Cambio y luego se retiró.
Juntos por el Cambio, a través de Carla Carrizo, pidió que se trate un proyecto de repudio a los carteles que el gremio de ANSES pegó en las oficinas de la entidad. El kirchnerismo votó en contra y otros cinco diputados se abstuvieron, por lo que la iniciativa fue rechazada.
Desde el oficialismo detallaron que en Argentina el 95% de los adultos mayores en edad jubilatoria cobran algún tipo de haber y destacaron que el 65% lo obtuvo gracias a las moratorias.
“Este proyecto es un paliativo, es un parche, porque ante situaciones de esta gravedad, y mientras se resuelven los problemas de fondo, los parches son un mecanismo para salir de esa situación”, reflexionó Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto.
Por su parte, la camporista Marisa Uceda, titular de la Comisión de Previsión Social, explicó que la moratoria es una herramienta “solidaria” que trae también una novedad, que es la cancelación anticipada de aportes.
“Que 9 de cada 10 mujeres no puedan acceder al sistema jubilatorio es un problema que debe resolver el Estado, porque hemos sido también responsables de esa crisis del sistema”, dijo.
La oposición, que rechazó el proyecto por su alto costo fiscal y por su “inequidad” con quienes hicieron los 30 años de aportes, cuestionó al Gobierno por no llevar adelante una reforma laboral que permita incorporar más trabajadores al sector formal para así robustecer el sistema.
El economista de Evolución, Alejandro Cacace, reconoció que con las moratorias se amplió la cobertura previsional, pero aclaró que esta herramienta generó dos problemas: el primero es de equidad, porque “no puede obtener lo mismo el que tiene todos los requisitos que quien no lo tiene”; y además se genera “un enorme problema de déficit fiscal”.
“La realidad de fondo es un problema del mercado de trabajo que no se ha resuelto, que no fiscalizamos adecuadamente. Nuestro sistema jubilatorio pide 30 años de aportes cuando casi nadie puede cumplir esa condición”, explicó.
El diputado de La Cámpora, Máximo Kirchner, tomó la palabra sobre el final del debate para elogiar a los bloque que permitieron el quórum. “Es verdad que esta ley no es suficiente, pero hoy va a faltar menos que ayer para todas esas familias”, dijo. También reconoció que la oposición tiene derecho a no bajar al recinto: “En mi caso no di quórum para los fondos buitres”, recordó.
Luego, hizo alusión a los escraches contra opositores en las oficinas de la ANSES. “Si algún diputado se sintió mal por los carteles es entendible y es tener un poco de empatía, si uno se siente mal al ver su cara en un cartel, imaginen cómo nos sentimos nosotros cuando gatillan en la cabeza de la Vicepresidenta”.
Qué dice el proyecto de plan de pago de deuda previsional
El proyecto, que ya tenía media sanción del Senado, consta de dos partes. Por un lado, un plan de pago similar a los que se implementaron en 2004 y 2014 que permite que los hombres de 65 años y las mujeres de 60 que no tengan todos los aportes puedan regularizar los períodos faltantes en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que obtenga.
Por otro lado, también se permitirá que los trabajadores que estén en actividad y no lleguen a completar los 30 años de aportes por estar cerca de la edad jubilatoria puedan anticipar y empezar a pagar los períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012. Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que pagan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.
Desde ANSES estiman que sin esta ley unos 800.000 adultos mayores no podrán jubilarse y deberán recurrir a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que equivale al 80% de una jubilación mínima.
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