Conclusiones apresuradas y contradictorias, afirmaciones dogmáticas y un fallo que "luce huérfano de antecedentes". Con esas definiciones, la fiscal de Instrucción Ana Lía Larrea cuestionó el fallo del extitular del Cuarto de Instrucción, Martín Heredia (ascendido recientemente a camarista), quien le había dictado la falta de mérito a los hermanos Guillermo y Javier Ruiz Álvarez en la causa en la que fueron denunciados como supuestos prestamistas usureros, entre otros delitos. La agente del Ministerio Público apeló la resolución para que la revea una instancia superior y disponga que pase a otro juez para que este procese a los implicados por usura, uso de documento adulterado y estafa procesal.
La apelación salió ayer y busca revertir el fallo de Heredia, que había considerado que, tras la investigación, no había elementos suficientes para procesar a los hermanos Ruiz Álvarez, pero que tampoco daba para desvincularlos definitivamente, por lo que había optado por una instancia intermedia, la falta de mérito, la cual establece que si no aparece ninguna prueba nueva, los imputados deben ser desligados.
Guillermo Ruiz Álvarez, expresidente de la Caja de Acción Social, y su hermano Javier, actual funcionario del Tribunal de Cuentas, quedaron en la mira judicial tras la denuncia de una comerciante, quien los había acusado de actuar como prestamistas particulares, en tándem con otro imputado, Renzo Tinto, y que habrían usado dinero de la repartición pública. Además, se los investigó como supuestos usureros, por el supuesto perjuicio económico que le habrían causado a la denunciante, y por usar un cheque falso. Sin embargo, para el juez no surgió, además del testimonio de la mujer, ningún indicio que señalara que los hermanos tuvieran una mesa de dinero para préstamos ilegales y un informe del Tribunal de Cuentas determinó que no salió plata de la Caja de Acción Social para maniobras irregulares.
Todo se originó luego de que la comerciante le pidiera plata a Tinto. Como garantía de devolución, la mujer le entregó dos cheques por casi 100 mil pesos. Eso se hace para que, en el caso de que no se reintegre el préstamo, el poseedor de los documentos pueda ejecutarlos y cobrarlos.
Pero la denunciante declaró que le pagó a Tinto mucho más de lo que había recibido y que, encima, le ejecutaron judicialmente los cheques y que sufrió un embargo de bienes. Ante esa situación, habló con el prestamista, le preguntó quién tenía sus cheques y Tinto le marcó a los hermanos Ruiz Álvarez.
En contra de lo que resolvió el juez, Larrea reflejó el presunto vínculo de los sospechosos al señalar que, para reclamar la deuda que había contraído la comerciante, los cheques fueron presentados al cobro por Javier Ruiz Álvarez y Tinto, cuyas ejecuciones judiciales fueron iniciadas por Guillermo Ruiz Álvarez. Así, criticó que los hermanos fueran desligados, ya que "resulta inexplicable" que "siendo Tinto el titular del crédito en contra de la denunciante, sea Javier Ruiz Álvarez quien presentara al cobro en el banco el instrumento presuntamente adulterado, para luego reclamar su satisfacción mediante un proceso judicial procurado por su propio hermano".
Además, remarcó que "resulta sorprendentemente llamativo" que el juez ordenara una pericia sobre un cheque adulterado y que no haya hecho todo para la producción de tal prueba. Frente a esa adulteración, la fiscal sostiene que los tres están involucrados.
- Planteo
ANA LÍA LARREA – Fiscal de Instrucción
"Los cheques utilizados como base de las ejecuciones tienen visibles inconsistencias compatibles con la versión de la víctima, quien señala que fueron adulterados para su cobro".