El juez Martín Heredia Zaldo (Sala I, Cámara Penal) aplicó un duro castigo a un padrastro violador que, con la excusa de tergiversadas interpretaciones de la religión evangélica de la que era feligrés, sometió sexualmente durante años a sus tres hijastras, provocándoles graves daños en su salud mental, dijeron fuentes judiciales. Al igual que la fiscal Marcela Torres, ayer el magistrado creyó probado que a la mayor de las niñas intentó por todos los medios pero nunca pudo violarla porque se resistió, pero que sí consumó esos ataques con sus dos hermanas menores, durante años. Los hechos comenzaron con manoseos desde que las niñas tuvieron 10 u 11 años y con las dos menores se convirtieron en cotidianas violaciones hasta que cumplieron 16 o 17 años. Por todo eso, el juez adhirió al pedido de castigo de la Fiscalía y lo condenó a 28 años de reclusión.
Los delitos se descubrieron en noviembre de 2019, por otra hermana menor de las víctimas, hija en común del ahora condenado de 64 años con su madre: la niña se cortó las venas en su escuela, como recurso extremo para delatar que sus tres hermanos varones abusaban de ella.
Esa denuncia fue el puntapié para desintegrar a esa particular y anómala familia, pues uno de esos hermanos se suicidó, el otro por ser menor no fue detenido, pero el tercero cayó preso igual que la madre de todos como presunta cómplice (el caso actualmente se tramita en la Unidad Conclusiva de Causas). Y no fue todo: la menor denunciante adoptó un nombre masculino pues se autopercibe como varón, dijeron fuentes judiciales.
El otro coletazo insospechado de esa primera denuncia, fueron las revelaciones de las tres hijastras del ahora condenado (a las tres les dio su apellido), pues al declarar como testigos pudieron hablar de la angustiante y traumática experiencia de vivir en esa casa de Pocito, en la que las mandaban a trabajar en la tierra siendo muy pequeñas. En la que su madre en lugar de ayudarlas las golpeaba, viéndolas como víctimas de las tentaciones del demonio y a su padre como un pecador, porque sabía de los abusos pero nunca hizo nada por cambiar esa situación, precisaron los voceros.
Para colmo, dos de las denunciantes fueron blanco de otros dos traumáticos episodios en sus vidas, pues ambas perdieron a sus parejas y padres de sus hijos; uno murió en un accidente de tránsito; el otro electrocutado, precisaron.
Las graves secuelas psiquiátricas de esas mujeres (hoy tienen 33, 31 y 29 años), llevaron a la fiscal a pedir que el Ministerio de Desarrollo Humano las asista económicamente y que gestione también su tratamiento psiquiátrico en el hospital Marcial Quiroga, petición que fue aceptada por el magistrado.
Quien podrá reclamar ahora ante la Corte de Justicia es la defensora María Noriega. Ayer pidió la absolución de su cliente por el beneficio de la duda o en todo caso una condena por abuso sexual simple, pero no le dieron la razón.