El proyecto de reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno prevé, entre otras modificaciones, la restricción de la libertad condicional para los delitos más graves, además del endurecimiento de penas. El Ejecutivo quiere que la iniciativa esté lista en marzo para que el presidente Mauricio Macri lo presente en la inauguración de las sesiones ordinarias.
El presidente de la Comisión a cargo del proyecto, el camarista Mariano Borinsky, ya le envió al ministro de Justicia Germán Garavano un borrador de la iniciativa, luego de las cerca de 50 reuniones que se hicieron para debatir la reforma. Borinsky explicó que la misión de la reforma pasará por “facilitar la sanción de los responsables de delitos de corrupción y narcotráfico” a través de “un aumento de las escalas penales y la incorporación de institutos novedosos, en respuesta a los intereses de la sociedad”.
Una de las claves de los cambios en el Código será la reducción del margen de interpretación de los jueces, ya que se determinarán con mayor precisión los escalas penales para los delitos. Se indicarán “circunstancias especialmente agravantes” como la vulnerabilidad de la víctima, el odio racial, los casos de violencia de género o el uso de armas de fuego.
Además se restringirá la libertad condicional para los delitos graves. Los reincidentes, los condenados por homicidio doloso, secuestro extorsivo, trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo y por agresión sexual tendrán fuertes restricciones para acceder a la excarcelación, consigna Clarín.
El plan prevé al aumento de las penas por delitos de corrupción, especialmente para los casos que involucren a funcionarios de altos cargos, con sanciones de hasta 12 años de cárcel. También determina mayores castigos contra el narcotráfico, con penas que llegan hasta la prisión perpetua.
Otro de los grandes cambios está referido al aborto: la reforma determinará que no será punible en los casos en que el embarazo sea producto de un abuso sexual.
El nuevo Código incluirá “delitos contra la Humanidad, la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, el decomiso que procederá para todos los casos de delitos dolosos o imprudentes y se aplicará también a los órganos de una persona jurídica”. Además se estudia la posibilidad de incorporar al nuevo texto Penas de Ejecución Comunitarias (PEC) a las condenas que no superen los tres años.
La Comisión retomará las actividades el próximo 7 de febrero. Borinsky informó que tiene previstas reuniones en febrero con la Corte Suprema de Justicia y con la Cámara de Diputados de la Nación para comunicarles los avances del proyecto.