Desde el 18 de julio de 1994, fecha en la que se produjo el atentado terrorista en la sede de la AMIA, la Justicia argentina no ha podido avanzar decisivamente hacia el objetivo de determinar quiénes fueron los autores del caso, ni condenarlos como hubiese correspondido. Ni siquiera ha podido llegar a convencer a las autoridades de otras naciones, de que colaboren con esta tarea o, al menos, no dejen que los sospechosos se sigan moviendo libremente sin ningún tipo de restricciones. Respecto de esto último, hace unas semanas visitó Moscú el funcionario iraní, Ali Akbar Velayati, diplomático y consejero estatal quien se reunió con el presidente ruso, Valdimir Putin. Velayati está sindicado de haber participado en la planificación del atentado contra la AMIA. En este sentido el Gobierno argentino solicitó a la Federación Rusa su detención, pero no obtuvo ninguna respuesta, a pesar de que desde noviembre de 2006 existe un pedido expreso de captura internacional.
Rusia no es el primer país que Veletayi visita en los últimos meses, por lo que la Argentina debería considerar muy seriamente realizar un reclamo formal ante distintas organizaciones internacionales para que el funcionario iraní sea detenido a la brevedad y extraditado para su juzgamiento.
Tanto el Gobierno como la Justicia argentina no pueden seguir dando muestras de ineptitud para resolver asuntos judiciales de tan larga data. Las investigaciones judiciales relacionadas con el atentado de la AMIA, considerado como uno de los más sangrientos de la historia mundial del terrorismo, siguen siendo lamentablemente ineficaces. Distintos gobiernos, de diferentes extracciones políticas no han podido cumplir con sus promesas de dilucidar el caso. No se sabe si por inoperancia de sus funcionarios o por oscuros intereses vinculados al terrorismo internacional.
No se puede permitir que el tiempo siga transcurriendo sin obtener resultados. Nos estamos convirtiendo en un Estado sin justicia, que es lo mismo decir un Estado sin bases firmes para su sostenimiento.
Estamos cansados de ver marchas callejeras con carteles que piden justicia por diversos asuntos. Terminemos con esa costumbre que tan mal le hace al país y orientemos la justicia a resolver los casos más antiguos, pero también los más urgentes.
La impunidad es lo peor que nos puede pasar, porque es la base del desorden, el descontrol y el respeto por las instituciones democráticas de la República.