La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Hotesur, sobre supuestas irregularidades en una sociedad con explotaciones inmobiliarias para el blanqueo de dinero.
Por los mismos delitos, lavado de activos y formar parte de una organización para cometer el ilícito, fueron confirmados los procesamientos de los hijos de la expresidenta, el diputado nacional Máximo Kirchner y su hermana Florencia, en todos los casos con multimillonarios embargos de sus bienes.
La Sala I del tribunal también confirmó los procesamientos del empresario Lázaro Báez, su hijo Martín, la sobrina de la expresidenta, Romina Mercado, el contador Víctor Manzanares (detenido hace un año) y Osvaldo Sanfelice, sindicado como socio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.
La resolución fue firmada ayer por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
El fallo ratifica lo decidido hace cinco meses en primera instancia por el juez federal Julián Ercolini, quien ahora deberá proseguir el trámite tendiente a la elevación de la causa a juicio oral y público. La causa se inició el 19 de noviembre de 2014 cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.
La exlegisladora pidió que se investigara si esa sociedad y el alquiler simulado de habitaciones servía para introducir al circuito legal dinero proveniente de un delito, vinculado con la adjudicación ilícita de obra pública.
Durante la instrucción de la causa Hotesur, en julio de 2016, Ercolini dispuso embargar preventivamente las sumas de 4.664.000 dólares que estaban en una caja de seguridad abierta a nombre de Florencia Kirchner y 1.032.144,91 de la misma moneda y 53.280,24 pesos en cajas de ahorro.
Cristina ya registra varios procesamientos confirmados en segunda instancia y elevadas a juicio oral, correspondientes a las causas conocidas como Los Sauces y Obras Públicas, también a cargo de Ercolini, y Dólar Futuro y Memorandum con Irán, que tramitó el juez federal Claudio Bonadio.
Para los camaristas, la expresidenta, sus hijos y los demás procesados "habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado Nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz".
El tribunal evaluó que así "se canalizaron los fondos en forma regular desde las empresas de Báez adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a la firma Valle Mitre S.A.", del mismo procesado, "fundamentalmente a través de la actividad hotelera" para "ocultar la fuente real" del dinero destinado a la familia Kirchner.
Según la resolución de segunda instancia que estimó excesivos los embargos y los redujo en muchos casos a menos de la mitad fijada por Ercolini, a la vez que ratificó que no se aplicarán sobre cuentas sueldo, "se verificaron pagos por, al menos, 26.514.978 de pesos de Valle Mitre a Hotesur SA".
Agregó que el fallecido expresidente "Néstor Kirchner, Fernández y sus hijos, habrían extraído dinero de Hotesur sin distribuir dividendos de acuerdo a las ganancias realizadas y líquidas correspondientes a un balance de ejercicio confeccionado y aprobado".
El fallo repasa también numerosas y multimillonarias transferencias de fondos, las que habrían posibilitado, hace algo más de una década, la adquisición de hoteles. En una resolución con reiteradas referencias a numerosas sociedades, entre las que se destaca Austral Construcciones, de Lázaro Báez, Cristina y sus hijos fueron responsabilizados como accionistas de Hotesur y propietarios del hotel Las Dunas. Como prueba fue analizada documentación de una decena de bancos. Télam
Nueva causa
En la causa de los cuadernos, el juez Claudio Bonadio ordenó allanar tres propiedades de Cristina. De una de las viviendas, la residencia de El Calafate, se secuestró documentación vinculada a empresarios y políticos. El fiscal Eduardo Taiano pidió que se investigue si se obtuvo dicha información de manera ilegal.