Los contadores de todo el país, incluidos los de San Juan, están en contra de una medida polémica de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), porque consideran que atenta contra los intereses de los matriculados y que hasta pone en riesgo el ejercicio ético de la profesión. Se trata de la resolución que establece el régimen de información de planificaciones fiscales nacionales e internacionales. De no tener una respuesta del organismo, los profesionales acudirán a la Justicia y muy probablemente se sumarán los abogados, también alcanzados por la norma.
Carlos Landa, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCE), explicó que "en representación y defensa de los profesionales de Ciencias Económicas, desde los Consejos y desde la FACPCE, la federación nacional, hemos realizado múltiples gestiones ante la AFIP en relación con esta normativa. Sin éxito en nuestro objetivo, recurrimos ahora a la interposición de un reclamo administrativo para solicitar la suspensión de su aplicación y su derogación por los vicios que presenta".
El dirigente sostuvo que "en nombre de nuestros matriculados, consideramos que estas acciones resultan legítimas y necesarias por cuanto la implementación del Régimen Informativo atenta contra el derecho/deber del secreto profesional al poner la obligación de informar en cabeza de los asesores fiscales, además de afectar el ejercicio profesional y el desarrollo de la actividad lícita".
El dirigente señaló que "resulta inadmisible a la ética profesional que la AFIP pretenda colocar al profesional que asesora en temas de derecho tributario como sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional. Este acto administrativo de carácter general conduce a traicionar la confianza en el profesional". Y agregó que "la obtención de pruebas de evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información fiscales, debería ser alcanzada mediante el accionar previsto en las normas de procedimiento tributario, respetuosas de los principios constitucionales".
Las presentaciones realizadas por los consejos ante la AFIP insisten en que el poder de Policía del Estado en materia tributaria, "siempre ha contado con herramientas coercitivas las cuales, correctamente aplicadas, permitirían alcanzar el objetivo tendiente a que los particulares ajusten su accionar a las exigencias sin que sea necesario acudir a normas o procedimientos irregulares que no se compadecen con principios y garantías".
Los contadores entienden que la AFIP, como órgano inserto dentro del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, debería circunscribir su función a una actuación administrativa conducente a que las leyes tributarias se cumplan, fiscalizando e investigando con el propósito de conocer la verdad de los hechos, y que tal función discrecional "no puede rebasar los límites de la racionalidad, estando subordinada a los principios que prohiben la arbitrariedad".
En resumen, Landa consignó que "como las disposiciones violentan en forma flagrante principios constitucionales básicos, desde nuestro consejo impulsamos estas medidas para resguardar a nuestros matriculados y sus derechos".
- Respaldo nacional a las decisiones
La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) dispuso dar su respaldo y apoyar las acciones tomadas por los 24 Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que la integran frente a la resolución de la AFIP.
En un comunicado sostienen que "desde la FACPCE se trabajó en los aspectos técnicos y jurídicos necesarios para acompañar los reclamos administrativos que se han iniciado en las distintas jurisdicciones, en representación y defensa de los profesionales de Ciencias Económicas, para solicitar la suspensión de la citada normativa y su derogación".