Primero fue el cierre de fronteras que impedía el regreso de los formoseños varados en otros puntos del país o incluso en el extranjero que derivó en dos casos fatales, uno de ellos cobró vuelo nacional. Fue el del joven Mario Ledesma de 23 años que se ahogó cuando intentó cruzar a nado el río Bermejo para poder reencontrarse con su mujer y su hija de tres años. Ahora, el escándalo pone en el tapete el polémico plan de confinamiento de enfermos de coronavirus, de sospechosos y contactos estrechos, bajo condiciones de hacinamiento que ha desatado una ola de denuncias desde la oposición y de los damnificados tanto en la justicia local como la justicia federal y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El principal destinatario de las denuncias es el gobernador Gildo Insfrán, un peronista que gobierna Formosa desde hace 25 años. Estuvo siempre en la cúpula del poder de la provincia desde el regreso de la democracia.
El hilo en común de las denuncias es la acusación al gobierno provincial de propiciar confinamientos compulsivos de los vecinos y falta de atención en esos centros. Una de las últimas presentaciones la hizo Juan Sebastián Montoya ante la Justicia Federal de Formosa.
La polémica levantó el voltaje político ya que ayer, desde Juntos por el Cambio expresaron su "preocupación por la violación de libertades y derechos en Formosa". Fue a través de un comunicado, tras una nueva reunión de la mesa nacional. Diputados de este espacio habían ya acudido a la CIDH para denunciar el tema.
Incluso desde la UCR, el presidente del partido y diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, afirmó que en Formosa "se dan todas las características para una intervención federal". Y apuntó, "por la inacción", contra los titulares del Inadi, Victoria Donda, y de la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. "Pietragalla y Donda, por el 10% de lo que pasa en Formosa, en otra provincia harían un escándalo", expresó Cornejo. Finalmente advirtió que si no se toman medidas, a Formosa le puede pasar como Catamarca con el caso María Soledad Morales, la joven asesinada hace 30 años por los hijos del poder y que derivó en la caída del gobierno de Ramón Saadí y la intervención federal.
Frente al escándalo, Insfrán, que cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y del PJ, salió a contrarrestar las denuncias con los números sanitarios de la provincia: el distrito apenas supera los 1.000 contagios oficiales desde que se detectó el coronavirus en el país. "Lo mismo que tiene la Ciudad en un día", comparó el formoseño sin aclarar que en la Ciudad de Buenos Aires viven más de 3 millones de personas y en Formosa unos 600 mil.
Actualmente, se estima que en Formosa hay 100 centros de aislamiento que albergan a unas 3.000 personas: 600 son casos activos de Covid; 1.300 personas están aisladas "por contactos estrechos", y entre 800 y 1.000 personas que fueron aisladas preventivamente, por ser "casos sospechosos".
"Van, los buscan y los meten a esos centros. Entran de madrugada a las casas, sin orden judicial y los llevan allí, de modo compulsivo, sin el consentimiento de la gente", denunció el abogado Montoya.
Los centros se montan en escuelas, albergues, hoteles y clubes deportivos provinciales. "Están militarizados, custodiados y regenteados por la policía provincial. A la noche para dormir, las habitaciones son cerradas con llave y en algunos lugares, hasta con candados. Y si quieren ir al baño, se los permite por 15 minutos y deben volver a su lugar. Eso funciona como una cárcel", denunció el letrado patrocinante de los aislados.
Hay tres en la mira
En la denuncia penal efectuada por Montoya se acusa al gobernador Insfrán y al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, y al jefe de la policía, comisario Walter René Arroyo, por los delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y otros delitos de violación del orden constitucional".