Apuntada por propios y extraños como una pieza clave en la trama de corrupción más grande en la historia democrática de Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner finalmente rompió el silencio en el escándalo por los cuadernos de la coimas. Y una extensa carta que publicó en su cuenta de Facebook aseguró que "nunca nadie" le pagó nada por "llevar adelante ninguna de las medidas" de sus gobiernos. A renglón seguido achacó sus problemas judiciales a haber afectado "intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos".
Así, Cristina Kirchner tomó distancia del decreto que prorrogó la concesión de la explotación de la Hidrovia del Río Paraná, por el cual el empresario Gabriel Romero declaró ante la Justicia haber pagado una coima de 600.000 dólares.
La expresidenta publicó una carta titulada "Sobre pijamas, dormitorios y decretos en la Argentina macrista arrepentida", en la que acusó al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio por "el evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido", acusación que extendió también a la cúpula del Poder Judicial, a los medios de comunicación y al Gobierno por dar su "beneplácito" a una situación "escandalosa".
"Los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares, de la actividad económica en general y del desendeudamiento estructural de la Nación", remarcó en la carta.
El texto comienza con Cristina Kirchner minimizando las revelaciones de los cuadernos de las coimas y concluye denunciando la "catástrofe económica y social" de Cambiemos. Pero el eje está puesto en señalar que la firma del decreto 113/10, que extendió hasta 2021 la concesión para el Grupo Emepa de la Hidrovía del Río Paraná, fue el resultado de un proceso que incluyó una resolución de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), seguida de dictámenes de la Procuración del Tesoro y la Sigen, de aportes de la Cancillería y de la intervención del Congreso
La expresidenta dijo que, por todo ese proceso, estaba "obligada" a firmar el decreto.
"Sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni éste ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos", sostuvo, para elevar la apuesta: "Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos muy poderosos".
El primer párrafo de la carta de Cristina está dedicado a relativizar la causa que instruye Bonadio y a ningunear tanto al remisero Oscar Centeno como al extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, quien relató la existencia de bolsos con dólares por sumas millonarias en el dormitorio del departamento de Recoleta de los Kirchner.
"He decidido no hacer comentarios sobre remiseros "arrepentidos" que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea, también "arrepentidos", que nunca formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi dormitorio", comienza la publicación de Cristina, que justificó su reacción y la publicación de la carta por la "indignación" que le produjeron las noticias sobre la confesión del empresario Romero.
A partir de ahí, y a lo largo de once puntos, relató que por la salida de la convertibilidad en 2002 se volvió obligatorio renegociar los contratos de obras y servicios públicos, incluido el de la Hidrovía, originado en 1995, y que para eso Néstor Kirchner creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren).
El escándalo de los sobornos ha dejado multitud de empresarios y exfuncionarios detenidos.
>Otra citación a indagatoria
El fiscal Gerardo Pollicita prepara un nuevo pedido de indagatoria contra la expresidenta Cristina Kirchner en una causa que investiga específicamente la prórroga de la concesión de la Hidrovía del río Paraná.
Pollicita decidió pedir la citación después de que trascendió la declaración de Gabriel Romero, del Grupo Emepa, que ayer confesó haber pagado US$600.000 para que el gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto, en 2010, la concesión de la explotación de las obras para la navegación de la hidrovía. Ese decreto prorrogó la licitación hasta 2021 y fue firmado por Cristina, el exvicepresidente Amado Boudou, el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y el exministro de Planificación Julio De Vido. La confesión de Romero le permitió a la Justicia conectar un pago registrado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno con una medida concreta del Poder Ejecutivo.
Un funcionario que trabaja en el expediente, lo primero que hizo el fiscal Pollicita fue pedirle a la jueza del caso Hidrovía, María Servini de Cubría , que le solicitara a su colega Claudio Bonadio , instructor de la causa de los cuadernos de las coimas , copia de la declaración de Romero.
La empresa Isolux, cuyo exgerente general (el cordobés Juan Carlos de Goycoechea) admitió ante el juez Claudio Bonadio el pago de "aportes electorales" al kirchnerismo, le pagó 159 millones de pesos entre el 2012 y el 2015 a una firma del exsecretario de Seguridad y actual senador del peronismo bonaerense Sergio Berni.
El exgerente de Isolux, De Goycoechea, es uno de los arrepentidos en la causa de la los cuadernos de las coimas que escribió Oscar Centeno.
En una auditoría realizada por el Cuerpo de Peritos Especializados en Corrupción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se explicó que facturas por 48 millones de pesos de Logística Integral Río Turbio (LIRT) "no están respaldadas por facturas, ni figuran conceptos", informó el diario Clarín.
La auditoría de unas 80 páginas forma parte de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito contra Berni que investigan el juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Eduardo Taiano por una denuncia del exdiputado radical Manuel Garrido.