Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, irán a juicio oral y público por "asociación ilícita y lavado de dinero" en el marco de la causa Hotesur. Así lo decidió el juez Julián Ercolini, quien determinó que se realizaron maniobras ilícitas por $80 millones.
En este expediente se investiga el pago de habitaciones por parte del empresario Lázaro Báez, beneficiario de contratos millonarios de obra pública. A través de esta maniobra se habrían lavado millones "bajo cierta apariencia de legitimidad". De esta forma la familia presidencial podía declarar los ingresos ante la Oficina Anticorrupción (OA) y ante el fisco "ocultando" el origen ilícito.
Hotesur es la firma propietaria del hotel Alto Calafate. Para los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques la "organización" permitió "transferir y disimular parte de las ganancias en poder de los empresarios a los expresidentes y a su núcleo familiar mediante préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleres de su propiedad, construcción de mejoras en esos establecimientos y alquiler de propiedades".
Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados desde 2016.
La justicia entiende que estas maniobras se realizaron ante la necesidad de la familia Kirchner de contar con "dinero blanco" para hacerse de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Este último emprendimiento se adquirió con el dinero generado a través de 15 compra-venta de terrenos y propiedades entre Báez y los expresidentes.
Además, el circuito de dinero se generaba a través de la asignación de una obra pública, luego los fondos se transferían a Báez, quien este finalmente pagaban, con parte de ese dinero del Estado, las habitaciones del hotel.
Se estima que entre 2009 y 2013, Báez le garantizó a los Kirchner $27.592.110 millones por alquileres en Hotesur S.A.