Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa que investigó el direccionamiento en la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez durante su gestión como presidenta. Y así ocurrió.
El juez Julián Ercolini dio por clausurada la instrucción y elevó el expediente a la próxima instancia. Se trata del segundo juicio oral que tiene CFK en la Justicia federal.
El paso judicial se tomó después de que vencieran los plazos para que los imputados, entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Báez, respondieran a la demanda civil por $ 22.500 millones que les realizó Vialidad Nacional. En ese monto se estimó el daño y perjuicio ocasionado por los fondos otorgados al Grupo Austral del empresario K y las obras que quedaron inconclusas.
Se trata del expediente más importante de las causas por corrupción, que tiene la ex Presidenta, ya que la Sala II de la Cámara Federal porteña, determinó que las maniobras investigadas en este caso, es nada más ni nada menos, que el delito precedente que permitieron expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero, donde se reiteran prácticamente los mismos acusados.
El juez Ercolini que elevó la causa a juicio oral y público, acusó a la senadora de Unidad Ciudadana, de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al favorecer a Lázaro Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por $ 46.000 millones durante los gobiernos kirchneristas.
La imagen del juicio avizora a Cristina Kirchner por primera vez compartiendo el banquillo de los acusados con Lázaro Báez. Se verá al Tribunal Oral Federal frente a veinte personas procesadas en esta causa. Todos acusados de ser partícipes de una misma maniobra, con diversas responsabilidades, que tuvo un único fin para los fiscales: “Convertir al amigo presidencial en el principal empresario de la obra pública en Santa Cruz”.
La elevación se realiza después del pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Para Cristina Kirchner esta causa “encierra y consolida aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones”, aún así no se opuso a la elevación. Por primera vez, compartirá el banquillo de los acusados con Lázaro Báez.
Sin embargo, para los fiscales, se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.
Este circuito de contrataciones “irregulares”, permitió que el patrimonio del “amigo presidencial” creciera -entre 2004 y 2015-,un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares.Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes”.
Por ello, se estableció que hubo “beneficios exclusivos” para Báez. El dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”.
La causa plantea que Cristina junto sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron “parte de una asociación que habría funcionado entre 2004-2015”, destinada a “cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.
La “operación criminal” fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para “pervertir su función” y utilizar el Estado para “enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad”.